Este balotaje, incorporado en la Constitución de 2009, nació con la intención de devolver al voto popular el poder de decidir quién gobierna, evitando que pactos congresales determinen a los mandatarios a espaldas de la ciudadanía. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta democrática corre el riesgo de convertirse en un escenario más de confrontación, desinformación y polarización.
No se trata de una discusión técnica ni de un mero formalismo electoral. El balotaje busca que el presidente electo cuente con legitimidad inicial, incluso si carece de mayoría legislativa. Esa legitimidad, en teoría, debería traducirse en capacidad de concertación. Pero en la práctica, lo que observamos en la campaña actual dista de ese ideal: prolifera la guerra sucia, los ataques personales y la fabricación de rumores de fraude sin sustento técnico. Así, la segunda vuelta puede degenerar en un proceso de desgaste más que de consolidación institucional.
La historia explica por qué llegamos a este punto. Durante décadas, el Congreso fue el árbitro final de las presidenciales. La lógica de la “concertación forzada” produjo acuerdos que muchas veces garantizaron gobernabilidad, pero también generaron el profundo malestar sintetizado en la frase: “el pueblo vota, pero no elige”. La reforma de 2009 pretendió saldar esa deuda con la democracia. Hoy, a semanas de su estreno, vemos cómo algunos intentan boicotear bajo el argumento de que es caro o que, dada la crisis, convendría pactar directamente entre los contendientes.
Estos atajos son peligrosos. Primero, porque debilitan la confianza en las reglas de juego; segundo, porque perpetúan la cultura del arreglo entre élites políticas; y tercero, porque desconocen la voz de la ciudadanía, que con justicia demandó el balotaje durante más de treinta años.
El verdadero desafío no está en el mecanismo, sino en la calidad del debate democrático. La campaña exhibe un clima envenenado: insultos racistas, descalificaciones ideológicas simplistas y una polarización que parece diseñada para dividir en lugar de esclarecer. Las redes sociales amplifican estas tensiones, generando cámaras de eco donde florece la ignorancia y se normaliza el fanatismo.
La disyuntiva no es entre un candidato u otro, sino entre democracia y autoritarismo. Bolivia derrotó el 17 de agosto a un proyecto de corte hegemónico, pero no ha vencido aún los reflejos autoritarios que persisten. Si el balotaje se reduce a un campo de batalla de pasiones, terminará debilitando la democracia que dice proteger.
Queda poco tiempo para rectificar. Los candidatos deben comprometerse a elevar el nivel del debate, centrar sus discursos en propuestas claras y frenar la maquinaria de difamación que erosiona la credibilidad del proceso.
El balotaje no es un gasto inútil ni como un obstáculo coyuntural. Es la oportunidad de probar que en Bolivia se puede dirimir el poder en paz, con respeto y con reglas claras. Si fracasamos en este primer intento, no será el sistema el que quede en entredicho, sino nuestra capacidad colectiva de construir democracia.
El balotaje no es un gasto inútil ni como un obstáculo coyuntural. Es la oportunidad de probar que en Bolivia se puede dirimir el poder en paz, con respeto y con reglas claras. Si fracasamos en este primer intento, no será el sistema el que quede en entredicho, sino nuestra capacidad colectiva de construir democracia.
