La reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico es una señal de alerta que coloca al país en la antesala de ser catalogado como un narcoestado, al estilo de Venezuela. Washington ha sido claro al señalar que Bolivia se ha convertido en un refugio para grupos criminales y narcotraficantes, una condición posible solo con el consentimiento —o la complicidad— de altas esferas políticas.
Desde 2008, cuando Evo Morales expulsó a la DEA, Bolivia ha sido observada sistemáticamente como un país que evade compromisos internacionales contra el narcotráfico. A pesar de que el gobierno de Luis Arce insiste en que hay récords históricos de incautaciones, lo cierto es que la narrativa oficial se enfrenta a una realidad incómoda: los grandes capos de la región eligen Bolivia como guarida. El uruguayo Sebastián Marset, los brasileños Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, y Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, líderes del temido Primer Comando Capital (PCC), operaron desde territorio boliviano con identidades falsas e, incluso, nacionalidad boliviana conseguida a través de fraudes.
La pregunta es obvia: ¿cómo puede instalarse semejante estructura criminal en Bolivia sin que las instituciones lo noten? La respuesta apunta a la permisividad del Estado y a la corrupción en los niveles más altos. El caso del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, hoy extraditado a Estados Unidos, ilustra cómo quienes deberían combatir el narcotráfico terminan sirviendo a sus intereses.
El comunicado del Departamento de Estado es contundente: Bolivia “tiene mucho trabajo por delante para cumplir sus compromisos antidrogas y garantizar que no sea un refugio para grupos narcotraficantes”. Este lenguaje diplomático, en realidad, enmascara una advertencia: si la situación persiste, el país corre el riesgo de un aislamiento internacional similar al que sufre Venezuela. Y ese escenario no es menor: implicaría sanciones económicas, limitaciones comerciales, restricciones financieras y la estigmatización de los bolivianos en el exterior.
El peligro de que Bolivia sea catalogada como un narcoestado no es retórico. El país ya es considerado un punto neurálgico de tránsito de cocaína y un territorio atractivo para carteles internacionales. Los sicariatos, secuestros y la creciente presencia de mafias extranjeras son síntomas de un fenómeno que va más allá del “emisario” que menciona el presidente Arce: se trata de una red consolidada que opera con impunidad.
En el tablero regional, Bolivia ha pasado de ser observador a actor relevante en el narcotráfico latinoamericano. Ya no se trata solo de cultivos de coca excedentaria, sino de la consolidación de un ecosistema criminal que aprovecha la fragilidad institucional, la corrupción política y la falta de voluntad real para enfrentar el problema. Si no hay un giro radical, la descertificación de Estados Unidos será apenas el preludio de una condena internacional más severa: el reconocimiento de Bolivia como un narcoestado.
El país necesita asumir con seriedad la magnitud de la amenaza, romper los pactos de complicidad política y dar señales claras de que no está dispuesto a ser el próximo refugio del crimen organizado en América Latina
