La ministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró que el Estado boliviano está obligado a cumplir con los compromisos y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos. En ese sentido, enfatizó que los responsables de los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba en 2019 no pueden quedar impunes. La autoridad advirtió que, de lo contrario, se sentaría un precedente nefasto.
“Hay que entender que estos informes y las recomendaciones no se hacen a uno de los órganos del Estado, sino al Estado boliviano. Es por eso que, por ejemplo, el informe de la CIDH establece que debe existir la voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que se generen los procesos necesarios y se haga justicia. Es decir, que las víctimas puedan obtener justicia”, dijo la autoridad, según ABI.
Saravia explicó que "se trata de hacer justicia a más de 30 personas que perdieron la vida por impactos de bala cuando militares y policías fueron movilizados para intervenir violentamente una protesta vecinal en Senkata y una marcha en Sacaba en 2019". “Hablamos de vidas humanas y creemos que es importante no dejar precedentes nefastos dentro de nuestra historia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, agregó.
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron este viernes su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
Dicha preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata.
“El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”, dice un pronunciamiento de ambas organizaciones.
La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”, alerta.
Según la ministra de Justicia, los procesos por Senkata y Sacaba se iniciaron a partir de los informes internacionales a cargo de expertos independientes de la CIDH, tras realizar una visita in situ en Bolivia y contar con la información correspondiente. Informes que consideran y recomiendan al Estado boliviano realizar los procesos de investigación y sanción correspondientes.
Recordó que, la Comisión CIDH y la oficina del Alto Comisionado expresaron que consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar “un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”,
Sostuvo que, si las recomendaciones de la CIDH no son atendidas por el Estado, las partes pueden acudir a las CIDH y la Corte puede sentenciar a Bolivia a pagar una indemnización. Reiteró que las recomendaciones de los organismos son compromisos internacionales que Bolivia asume como país y por tanto, todas las instituciones de todos los órganos del Estado.
