El caso de Sergio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), es la radiografía de un país expuesto y con instituciones debilitadas. Que un capo de la talla del PCC logre naturalizarse boliviano, obtener cédula, renovar documentos y hasta conducir con licencia oficial sin que nadie lo cuestione, no es una simple anécdota burocrática: es una señal de alarma sobre la penetración del crimen organizado en el estado boliviano.
No hablamos de un delincuente menor. Se trata de un personaje con pedidos de captura en Brasil por planificar asesinatos de fiscales y con vínculos directos a la mayor organización criminal de Sudamérica. Sin embargo, en Bolivia vivió con lujos, alquilando casas de 5.000 dólares al mes en urbanizaciones privadas, protegido por papeles falsos que las oficinas públicas aceptaron como si nada. Mientras tanto, nuestras autoridades se enredan en explicaciones contradictorias: que no hay registros migratorios, que la notificación roja llegó tarde, que no existe proceso penal en curso.
Ese baile de excusas es lo que indigna. La Interpol brasileña alertó en julio. El Ministerio Público asegura no tener nada contra él. Migración dice que no ingresó oficialmente. El Segip, como si se tratara de magia, vio desaparecer los datos de su identidad falsa justo después de la difusión del reportaje de O Globo. Todo encaja en una peligrosa trama de negligencia, descoordinación o, peor aún, complicidad.
No es la primera vez. El caso Sebastián Marset demostró hace apenas un año cómo otro narco podía montar su vida en Santa Cruz, con familia incluida, protegido por documentos bolivianos. El patrón se repite: capos que encuentran aquí un refugio seguro y una institucionalidad lo suficientemente débil —o corrupta— para blindar su estadía.
El ministro de Gobierno insiste en que las acciones se activaron apenas llegaron las alertas formales desde Brasil. Pero la violencia en Santa Cruz en los últimos meses, con secuestros y ejecuciones ligadas al PCC, sugiere que las señales estaban allí desde hace tiempo. No hacía falta una circular roja para entender que algo grave se estaba incubando.
Lo más preocupante es el mensaje que se envía. Bolivia aparece en el mapa del crimen internacional como un terreno fértil, un lugar donde un capo extranjero puede vivir “como Pedro por su casa” mientras los organismos responsables discuten competencias y papeleos. Es un mensaje que erosiona la confianza ciudadana en el Estado y, al mismo tiempo, consolida a las organizaciones criminales.
La oposición pide explicaciones al Segip y a Migración, pero lo cierto es que el problema va más allá de un par de oficinas. Estamos frente a una vulnerabilidad estructural, donde los mecanismos de control de identidades son permeables y donde la coordinación entre instituciones es casi inexistente.
El caso Mijão debería marcar un antes y un después. No se trata solo de capturar al capo, sino de asumir que el Estado boliviano está expuesto y que el narcotráfico ha encontrado una grieta institucional para camuflarse, operar y prosperar.
