La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó, en las estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley de diferimiento de créditos para vivienda de interés sociales y créditos para unidades económicas de tamaño micro y la remitió al Senado para su respectivo tratamiento.
“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra.
La ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.
“Las entidades de intermediación financiera y las entidades de arrendamiento financiero que operan en el territorio nacional, por el plazo de seis meses, computables a partir de la publicación de la presente ley, deben diferir automáticamente los pagos de las cuotas de los créditos otorgados para vivienda de interés social y de los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, comprendiendo dichas cuotas el pago a capital e intereses, seguros, comisiones y otros cargos”, dice el artículo 3 del proyecto de ley.
El proyecto de ley fue impulsado por el gobierno debido a que microempresarios, pequeños empresarios y emprendedores enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias a causa de fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y la compleja situación económica. Además, se busca prevenir la pérdida de viviendas o el cierre de pequeños negocios por deudas no pagadas, según la argumentación presentada.
En junio de este año, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, en un escenario de consenso entre los legisladores.
El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión. Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible, señala la nota de prensa de la Cámara de Diputados.
Asimismo, la ley también busca asegurar la estabilidad del sistema financiero al evitar un aumento en las ejecuciones judiciales que podrían afectar aún más la economía. Con esta medida, el Gobierno proporciona un alivio temporal para que se cumplan las obligaciones crediticias.
