La revelación de la Red O Globo sobre Sérgio Luiz de Freitas Filho, líder del temido Primer Comando Capital (PCC), viviendo durante más de diez años en Santa Cruz con mansiones, vehículos de lujo y escoltas armadas, debería provocar indignación nacional. Pero la noticia no sorprende: Bolivia se ha consolidado como un refugio seguro para criminales internacionales mientras sus ciudadanos sufren, desprotegidos y abandonados por el Estado.
El contraste es escandaloso. El pequeño comerciante que paga impuestos, el transportista que cumple la ley, el emprendedor que intenta progresar, se enfrenta a burocracia sofocante, multas arbitrarias y hostigamiento constante. Sin embargo, los narcos circulan libres, con identidad falsa, frecuentando restaurantes y barrios exclusivos, mientras las autoridades hacen la vista gorda. Esta no es negligencia: es complicidad política. Los narcos prosperan gracias a pactos tácitos que garantizan impunidad a cambio de dinero que financia campañas y redes de poder. Bolivia ya no es un Estado de derecho; es un narcoestado de facto.
El caso de Freitas Filho se suma a un patrón histórico: Sebastián Marset, el uruguayo ligado al envío de cocaína a Europa, sigue desaparecido, protegido de alguna manera por la maquinaria estatal. Nadie puede permanecer una década en Bolivia sin cobertura; nadie puede moverse con documentos falsos, mansiones de lujo y escoltas sin que la Policía y las autoridades lo sepan. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿quién se beneficia de esta impunidad sistemática?
Mientras los narcos viven a sus anchas, los bolivianos sufren una escalada de violencia inédita. Santa Cruz, alguna vez símbolo de progreso y pujanza económica, hoy se parece a Río de Janeiro o Ciudad Juárez: balaceras en avenidas concurridas, ejecuciones en plena luz del día y ajustes de cuentas que dejan inocentes en medio del fuego cruzado. Esta violencia no solo destruye vidas, también mata la confianza en las instituciones, dejando a la ciudadanía desamparada y desesperanzada.
El tiempo de ignorar la realidad ha terminado. La presencia de un capo del PCC durante una década en Santa Cruz es un síntoma de que el Estado está secuestrado por intereses oscuros. Si no se rompe el pacto de impunidad, si no se limpia a fondo la Policía, la Fiscalía y la clase política, Bolivia seguirá siendo un paraíso para criminales y un infierno para el ciudadano honesto.
La pregunta es clara y urgente: ¿queremos un país donde los narcos y contrabandistas gobiernan de facto, o un país donde prospere el esfuerzo legítimo y el trabajo honesto sea respetado? Por ahora, la respuesta de Bolivia es evidente, pero absolutamente inaceptable. La impunidad tiene rostro, dirección y nombre: se llama narcoestado, y mientras no lo enfrentemos, el futuro de todos los bolivianos seguirá en jaque.
El tiempo de ignorar la realidad ha terminado. La presencia de un capo del PCC durante una década en Santa Cruz es un síntoma de que el Estado está secuestrado por intereses oscuros. Si no se rompe el pacto de impunidad, si no se limpia a fondo la Policía, la Fiscalía y la clase política, Bolivia seguirá siendo un paraíso para criminales y un infierno para el ciudadano honesto.
