Las autoridades de Irán han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año, más de una tercera parte de éstas por cargos relacionados con supuesto tráfico de drogas y en un puñado de casos esta pena fue aplicada de manera pública, reveló este viernes la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El organismo ha lamentado que los responsables iraníes hayan ignorado los numerosos llamamientos en contra de esta práctica, que por el contrario ha ido en aumento.
Entre los aspectos que más preocupan (además de la crueldad inherente a la pena de muerte), el organismo mencionó que se está utilizando particularmente contra ciertas categorías de personas, como prisioneros políticos y contra personas de minorías étnicas.
"Solo en julio se ejecutaron al menos a 110 personas, incluidas mujeres, afganos y (personas de) minorías étnicas como baluches, kurdos y árabes", dijo en Ginebra la portavoz de derechos humanos, Ravina Shamdasani.
Según las informaciones documentadas por el organismo de la ONU, esa cifra representa más del doble del número de personas ejecutadas en julio del año pasado.
"El elevado número de ejecuciones indica un patrón sistemático de uso de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, que impacta de manera desproporcionada a las minorías étnicas y a los migrantes", dijo
Actualmente, once personas se enfrentan a una ejecución inminente y cinco de ellas están acusadas de haber participado en las protestas de 2022.
"La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Crea el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes", recalcó Shamdasani, tras recordar que además este tipo de sentencia tan grave se impone frecuentemente "en función de leyes vagas" y sin que el acusado tenga una adecuada defensa legal.
"También hay muchos casos de tortura documentados en los centros de detención", denuncio la portavoz.
