La determinación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de exigir que las autoridades jurisdiccionales de los Tribunales Departamentales de Justicia “procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari”, abre una ventana de esperanza para los bolivianos que el pasado 17 de agosto acudimos a las urnas sepultando un ciclo de 20 años de persecución política y matonaje. Esta decisión inspira a retomar la misión fundamental de la justicia, tal como pregonara el jurista y filósofo político francés Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en relación con la independencia y separación de poderes, y como afirmara el jurista romano Ulpiano: “dar a cada uno lo que en derecho le corresponde”.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, escribió Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde también advertía: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. En Bolivia hemos visto cómo, de manera descarada, se instrumentalizó la justicia, utilizando policías, jueces y fiscales para perseguir opositores y armando procesos contra quienes cuestionaban al régimen socialista, mientras el Tribunal Constitucional funcionaba como una guillotina política.
A Jeanine Áñez se le abrió un proceso por “terrorismo, sedición y conspiración”, acusándola de “golpe de Estado” por asumir la presidencia interina en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, señalado de fraude. Está detenida desde el 12 de marzo de 2021 y fue condenada a 10 años de cárcel. Ese mismo año, el 9 de diciembre, el dirigente cívico potosino Marco Pumari fue detenido y acusado de haber incendiado, supuestamente, el Tribunal Electoral Departamental de Potosí, dentro del denominado “Caso Golpe de Estado I”. El 29 de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido y trasladado a La Paz, acusado de participar en ese mismo caso.
Desde entonces, los tres han exigido justicia y libertad, denunciando que son víctimas de procesos inventados por ser opositores, primero de Evo Morales y luego de Luis Arce. Por ello, cuando ya es evidente el cambio de régimen socialista, el titular del Tribunal Supremo realiza su petición amparado en el art. 40, numeral 4, de la Ley del Órgano Judicial, que establece que el presidente debe velar por la correcta y pronta administración de justicia en todo el Estado Plurinacional.
Montesquieu sostenía que el Estado tiene como misión principal proteger tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. A ellos añadía un cuarto: el derecho a defender esos derechos y cualquier otra libertad individual cedida al Estado mediante un consenso recogido en la Constitución.
Si Montesquieu sonríe al ver que la separación de poderes podría hacerse realidad con la libertad de estos tres presos políticos, aún falta despertar a Marco Tulio Cicerón, filósofo y escritor romano que vivió un siglo antes de Cristo, férreo defensor de la democracia y crítico implacable de la dictadura.
“De hombres es equivocarse; de locos, persistir en el error”, decía Cicerón al enfrentar a César, que buscaba concentrar todo el poder en sus manos. Por eso, este 19 de octubre, los bolivianos tenemos la oportunidad de votar por un binomio que encarne la libertad plena y la visión de sacarnos del pozo económico, el crimen organizado y la desinstitucionalización en la que estamos, frente al autoritarismo, los insultos y las amenazas de quienes solo ofrecen más de lo mismo.
