A pedido de la Defensoría del Pueblo, una jueza agroambiental de La Paz ha determinado que la Asamblea Legislativa suspenda el tratamiento de los contratos para la explotación del litio, en tanto se cumpla aspectos como la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.
En este caso, el proceso legal fue activado por la Defensoría del Pueblo, que a su vez solicitó medidas cautelares para proteger a los habitantes de la región del Salar de Uyuni y el medioambiente.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó este miércoles que la jueza agroambiental admitió las medidas cautelares y dispuso la suspensión momentánea del tratamiento de los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia.
Se estipuló condiciones para retomar el tratamiento de los contratos: primero que se informe acerca de la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, particularmente con referencia a los recursos hídricos.
La segunda condición es que se realice un estudio acerca de las aguas fósiles en la región.
Tercero, la jueza instruyó que se realice un proceso de consulta previa, libre e informada, hacia los habitantes del sector que sería afectado con los proyectos de litio.
Finalmente, dispuso que, antes del tratamiento legislativo de estos contratos, la Asamblea deba solicitar el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores para la consideración de sus contenidos.
Callisaya aclaró que la Defensoría no está en contra de ninguna iniciativa económica que pueda emprender el gobierno o el Estado boliviano, pero considera que se deben respetar los Derechos Humanos y ambientales.
Anteriormente, el Gobierno argumentó que no se podía realizar la evaluación de impacto ambiental, porque aún no se conoce el lugar dónde estarán los proyectos.
