El resultado electoral del 17 de agosto dejó una fotografía política que, aunque sorprendente en su superficie, repite patrones muy conocidos en la historia democrática boliviana. Rodrigo Paz Pereira irrumpió como la gran sorpresa, desplazando MAS y consolidándose como la opción más votada en el occidente del país. Sin embargo, el verdadero mensaje que transmiten las urnas no radica tanto en la figura del candidato, sino en lo que le exige la geografía electoral y en las condiciones que imponen los votantes que lo llevaron al primer lugar.
El occidente boliviano, tradicionalmente fiel al MAS, decidió esta vez transferir su voto a Paz. Pero lo hizo con una advertencia clara: no se trata de un respaldo para iniciar reformas estructurales o rediseñar el país, sino de un endoso condicionado. El mandato implícito es simple: mantener el centralismo, preservar el estatismo, continuar con las prebendas hacia los movimientos sociales y proteger el modelo que, durante dos décadas, aseguró privilegios para las élites andinas. Rodrigo Paz puede sustituir a Evo Morales o a Luis Arce en el poder, pero no puede sustituir el sistema que los convirtió en hegemónicos.
Ese condicionamiento se expresa en varios niveles. En primer lugar, el voto occidental rechaza cualquier intento de trasladar el liderazgo político al oriente boliviano. No quiere descentralización, ni autonomías fortalecidas, ni un nuevo pacto federal. En segundo lugar, exige que las estructuras productivas sigan ancladas en la minería, en las empresas estatales y en el reparto de empleos públicos como mecanismo de control político. Y en tercer lugar, implícitamente pide impunidad para la estructura masista que durante años usufructuó el poder. Ese es el precio de la confianza entregada a Paz.
Sin embargo, esa fórmula es insostenible en el tiempo. El país atraviesa una crisis económica de magnitudes inéditas: déficit fiscal creciente, caída de reservas internacionales, informalidad galopante, estancamiento productivo y una estructura estatal que devora más de lo que produce. Gobernar Bolivia hoy no significa administrar prebendas, sino emprender una cirugía mayor: ajustar la economía, liberar exportaciones, redefinir el rol del Estado, abrir espacio al mercado y al capital privado. Gobernar implica incomodar, no complacer.
Allí surge la contradicción fundamental del mandato recibido por Rodrigo Paz. Si se mantiene fiel al pacto implícito con el occidente, Bolivia seguirá en la pendiente del fracaso, prolongando una agonía que tarde o temprano derivará en estallidos sociales. Pero si intenta asumir la agenda de reformas que el país necesita —una agenda que coincide, en buena parte, con las propuestas liberales de Quiroga o Doria Medina— se enfrentará a su propia base electoral, que precisamente lo eligió para garantizar lo contrario.
La geografía electoral refuerza esta encrucijada. Mientras el occidente lo respaldó con fuerza, el oriente votó mayoritariamente por Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. El mensaje desde Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija es distinto: aquí se apuesta por la apertura, por la descentralización, por el mercado.
El verdadero mensaje de las urnas no es de triunfo, sino de advertencia. Rodrigo Paz ha recibido un mandato condicionado, que lo obliga a sostener un equilibrio imposible entre la conservación y el cambio. Si opta por la comodidad de mantener el statu quo, su gobierno nacerá hipotecado y acabará en el fracaso.
