El Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Nro. 25, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó la privación de libertad de 8 y 2 años,respectivamente,contra dos ex autoridades del Ministerio de Salud: Eduardo Diaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, por la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola del COVID-19, informó el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola.
“Los acusados fueron condenados por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Delitos, tipificados y sancionados en los Artículos 154, 221 del Código Penal, delitos de corrupción que ocasionaron el grave daño económico al Estado de $us 10.456.332, 77, toda vez que en la primera ola del Coronavirus COVID gestión 2020 dieron curso a la adquisición de 500 ventiladores pulmonares con compresor, de procedencia China”, informó la autoridad.
El titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalló que los 500 ventiladores pulmonares con compresor de la marca GuanzhouYueshendel modelo YSAV400A, de procedencia China, adquiridos por las ex autoridades de Salud, “no cumplían con 40 ítems establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en el proceso de contratación”.
Por tal motivo, el acusado Eduardo Diaz Pizarro recibió una pena condenatoria de 8 años de reclusión y el acusado Juan Carlos Arraya Tejada, 2 años y 8 meses de privación de libertad, que debe ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro, además del pago de multas y costas a favor del Estado, indicó el Procurador Condori.
En cuanto a los demás acusados, la autoridad judicial determinó absolver a Vania Huaira Vargas Guzman, Jorge Cristhian Sanchez Caero, Alias Ramon Cordero Cuevas, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y a Elias Ramon Cordero Cuevas, quienes inicialmente fueron acusados por los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública, “situación que será apelada por la Procuraduría General del Estado”, puntualizó el titular de la PGE.
“La Procuraduría General del Estado (PGE), actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente, promovió una intervención conjunta e interinstitucional responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado inédito y favorable, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, subrayó la autoridad.
