En la recta final hacia las elecciones presidenciales del 17 de agosto, se mantiene intocable una paradoja inquietante: por un lado, emergen voces opositoras con propuestas orientadas hacia la racionalidad económica y la modernización del Estado; por otro, persiste, sin freno, el discurso populista que ha condenado a Bolivia al estancamiento durante décadas. Lo más preocupante no es que ese discurso sobreviva: es que nadie se atreve a enfrentarlo con la contundencia que exige la hora.
Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga plantean ideas diferenciadas respecto al MAS y sus satélites. Hablan de reducir el tamaño del estado, de controlar el gasto público y de fomentar un rol más dinámico del sector privado. Pero su discurso se queda a medio camino. No hay una defensa abierta y enérgica de la privatización, ni un rechazo sin matices al modelo de estado empresario, prebendal y parasitario. Se critica el derroche, sí, pero no se ataca el modelo de raíz.
Mientras tanto, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, Manfred Reyes Villa y Johnny Fernández repiten la vieja fórmula populista: bonos, subsidios, dádivas, computadoras, desayunos escolares, más “derechos” garantizados por un estado que no produce riqueza, solo la redistribuye mal. Nadie les dice con claridad que todo eso no es gratis. Que lo que el estado regala, lo hace a costa del trabajo de los demás, con sobreprecios, corrupción y degradación institucional. Que cada “regalo” estatal perpetúa la dependencia y destruye la dignidad.
Ni siquiera los candidatos supuestamente liberales o técnicos han sido capaces de desmontar ese imaginario. Hablan de eficiencia, pero no de libertad. Prometen mejor administración, pero no cambio de paradigma. Se limitan a ofrecer una versión "mejorada" del mismo estado hipertrofiado y empobrecedor que ha condenado a Bolivia al subdesarrollo.
Urge un discurso que ponga la verdad sobre la mesa. Que diga sin temor que la propiedad privada es sagrada, porque sin propiedad no hay libertad, ni ahorro, ni inversión, ni futuro. Que la privatización no es una amenaza, sino una necesidad histórica. Que el estado no debe producir, ni comerciar, ni competir con el ciudadano. Solo debe garantizar seguridad, justicia y el respeto a las reglas. Todo lo demás –educación, salud, agua, servicios públicos– puede y debe ser provisto de manera más eficiente por la sociedad civil y la empresa privada.
Pero ese discurso aún no tiene quien lo encarne con valentía. Y sin él, la batalla está perdida antes de comenzar. Porque lo que se disputa en esta elección no es solo el poder político, sino la hegemonía cultural. Mientras el populismo siga siendo la narrativa dominante, el cambio estructural será imposible. Podremos cambiar de presidente, pero no de rumbo.
Los discursos que prevalecen hoy son los mismos que nos arrastran desde hace medio siglo: estatismo, victimismo, asistencialismo. Se han impuesto porque nadie los ha desafiado de frente.
Necesitamos candidatos que no teman decir lo que es necesario: que Bolivia no puede prosperar sin desmantelar el monstruo estatal que todo lo asfixia. Que la prosperidad no vendrá con más Estado, sino con menos. Que ningún país ha salido adelante regalando cosas. Que el trabajo, el ahorro y la propiedad privada son los únicos cimientos sobre los que puede construirse una nación verdaderamente libre y próspera.
