El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, admitió que vendió 20.000 quintales de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a través de su empresa importadora, lo que desató serias denuncias por presuntas irregularidades.
La transacción, según Ríos, se realizó entre noviembre y diciembre del año pasado a un precio de Bs 299 por bolsa, dentro de un “convenio provisional” con la estatal Emapa. “Era en son de ayuda, porque Emapa debía más de 300.000 bolsas y nadie quería venderle. Como institución ya no vendemos, pero personalmente sí vendí 20 mil bolsas”, explicó. Aseguró que este acuerdo concluyó el 31 de diciembre de 2024 y no se renovó.
Ríos reconoció que la empresa desde la cual realizó la venta fue creada por su sector precisamente para importar harina ante la escasez, pero informó que en 2025 la actividad fue suspendida. El dirigente también negó haberse beneficiado con harina subvencionada durante la vigencia del convenio con Emapa y anunció un proceso penal contra la dirigente Elizabet Galarza, quien lo acusó de corrupción.
Galarza, representante de los panificadores independientes, denunció que la empresa de Ríos vendía harina a Emapa a Bs 480 por quintal, y que esta última la revendía a Bs 109 con subvención estatal, generando una triangulación irregular. Sin embargo, Ríos desmintió esa cifra y afirmó que el precio real fue Bs 298 por quintal. También reveló que el último lote de 5.000 quintales entregado a Emapa fue observado por problemas de calidad.
Por su parte, Dandy Mallea, dirigente de la Federación de Panificadores de La Paz, presentará una denuncia penal contra Ríos y el gerente de Emapa, Franklin Flores. “No puede ser que un pequeño grupo, liderado por Ríos, se beneficie de un negociado con harina subvencionada. Él no representa a los más de 10.000 panificadores del país”, declaró.
Incluso, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, solicitó al Ministerio Público abrir una investigación de oficio. A través de una carta, expuso que la comercialización de harina fuera de los canales autorizados debe ser sancionada penal y administrativamente si se confirma responsabilidad. “La harina subvencionada debe beneficiar exclusivamente a los sectores panificadores autorizados y no convertirse en un negocio privado”, advirtió.
