El sistema electoral boliviano es el conjunto de normas y procedimientos jurídico-constitucionales y administrativos que se utilizan para elegir, mediante el sufragio, al gobierno central y a los gobiernos departamentales, municipales e indígenas. Esta normativa determina las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas, convirtiendo los votos en escaños parlamentarios (en el caso de elecciones legislativas) o en cargos de gobierno (en el caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.).
El ejercicio de la democracia representativa se fundamenta en los principios de soberanía popular, sufragio universal, igualdad, equivalencia, representación política, pluralismo político y toma de decisiones por mayoría, con respeto a las minorías. Los procesos electorales permiten la elección de autoridades y representantes en todas las instancias de gobierno del Estado boliviano.
A partir de la Constitución de 1831 se reconoce no solo la forma de gobierno representativo, sino que el Estado delega el ejercicio de su soberanía en los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Esta idea de representación política se mantuvo hasta la reforma constitucional de 2004, cuando el pueblo ─titular de la soberanía─ “no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por la Constitución”. La soberanía reside en el pueblo, ya no solo de forma delegada como fue históricamente, sino también de manera directa, con lo cual se produjo un cambio normativo cualitativo. Sin embargo, aunque la Constitución proclame la democracia “directa”, lo cierto es que promueve una democracia de corte representativo, que descansa en el protagonismo de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígena originario campesinos.
La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva (arts. 26-28). Pero estos derechos pueden suspenderse: 1) por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) por defraudación de recursos públicos; y 3) por traición a la patria, en todos los casos, previa sentencia condenatoria ejecutoriada.
El sistema electoral debe estar al servicio del perfeccionamiento de la democracia y la gobernabilidad. Los procedimientos complejos incluyen la logística administrativa de la elección; tipos y número de circunscripciones donde se realiza la votación; tipos de listas y sistemas de votación; y los procedimientos y fórmulas matemáticas que se utilizan para convertir los resultados electorales (votos) en representación política o escaños. El objetivo del sistema electoral es traducir la heterogénea preferencia política ciudadana en representación política y en la conformación del gobierno.
El sistema electoral se utiliza periódicamente para conformar gobiernos y elegir representantes nacionales, departamentales, municipales, etc. En la mayoría de los procesos electorales realizados, solo se eligieron representantes nacionales en las cámaras legislativas (senadores y diputados) o presidente de la República. Las elecciones para conformar el gobierno municipal (alcalde y concejales) comenzaron a utilizarse a mediados de los años ochenta, siendo la primera experiencia completa en las elecciones del año 2010. A partir del año 2014 se han realizado elecciones presidenciales y legislativas en el ámbito nacional, y desde el año 2015, elecciones para elegir gobernadores, asambleas legislativas departamentales, alcaldes y concejos municipales en el ámbito local. El sistema electoral para la elección de autoridades en sus distintos niveles es teóricamente el mismo, ya que contiene los mismos elementos estructurales.
El sistema electoral para elegir gobiernos central, departamental y municipal está caracterizado y diferenciado en la Ley del Régimen Electoral (Ley N.º 026 de 30 de junio de 2010) y en las resoluciones que emite el Órgano Electoral. Sin embargo, las reglas del juego electoral están consignadas, con mayor o menor claridad, en las normas que regulan cada proceso electoral. En esta normativa pueden advertirse tanto los rasgos actuales del sistema electoral como la evolución de esas reglas y sus características. La complejidad del sistema demanda capital humano especializado, y los partidos políticos (mediante sus delegados) deben estar a la altura para garantizar el voto ciudadano.
*Jurista y autor de varios libros.
