La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció este miércoles que apelará contra la decisión del Tribunal Octavo de Sentencia, que resolvió extinguir el proceso judicial por el caso del proyecto de Buses de Transporte Rápido (BRT), implementado en el primer anillo, pero que no entró en funcionamiento.
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, expresó su rechazo a la resolución y calificó como “inexplicable” que se cierre un caso que, según él, representa un daño económico evidente a las arcas del municipio.
“Esta aberrante decisión pone en riesgo la posibilidad de recuperar los recursos invertidos en un proyecto técnicamente inviable que solo generó perjuicio con el cierre innecesario de vías”, afirmó Montenegro, quien además aseguró que se evalúa denunciar a los jueces que firmaron el fallo.
El abogado de la exalcaldesa interina Angélica Sosa, Arturo Heredia, explicó que la justicia extinguió el proceso por exceso de tiempo procesal: un año y tres meses más allá del plazo permitido.
Aseguró que durante el proceso no se probó la participación de su defendida y que incluso un análisis forense descartó su firma en los documentos cuestionados.
“Todo esto fue armado políticamente por la Alcaldía. Sosa estuvo detenida dos años y no se presentó ninguna prueba concluyente”, sostuvo.
La exalcaldesa, por su parte, recibió con satisfacción la decisión judicial.
“He sido perseguida políticamente por Jhonny Fernández. Nunca firmé ningún contrato porque entonces era concejala. Este caso fue injusto desde el principio”, declaró Sosa, quien también recordó que el proyecto del BRT fue aprobado por los 11 concejales, incluido el actual alcalde.
Desde el Concejo Municipal, el concejal del MAS, Rolando Pacheco, también manifestó su desacuerdo con la decisión del tribunal. Aseguró que apelará el fallo y cuestionó que Sosa haya quedado exenta de responsabilidad sin que haya devuelto ningún recurso.
En la misma línea, el diputado Rolando Cuéllar anunció que iniciará un proceso penal contra los jueces del Tribunal Octavo por el presunto delito de prevaricato.
El caso BRT se remonta a 2023, cuando el Ministerio Público presentó una acusación contra exautoridades municipales, entre ellas Percy Fernández y Angélica Sosa.
Para el proyecto se construyó un carril exclusivo en el primer anillo, con separadores viales y paradas para buses. Al asumir, Jhonny desahució el proyecto y luego de varios años, con autorización legal desde diciembre de 2023 destruyó los 5.200 cordones de concreto y se habilitó de nuevo ese carril para la circulación irrestricta. El proyecto tuvo un costo de Bs 143 millones.
En septiembre del 2020 se había firmado el contrato de financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo CAF de hasta $us 36,6 millones.
