Nuestra historia electoral reciente carga con una mancha que aún no se borra: la noche del 20 de octubre de 2019, el sistema de conteo rápido (TREP) fue abruptamente suspendido cuando mostraba una segunda vuelta inminente entre Evo Morales y Carlos Mesa. Veinticuatro horas después, el panorama cambió de forma sorpresiva, desatando protestas y una crisis política sin precedentes. En 2020, el sistema fue eliminado por “precaución”, dejando un vacío informativo aprovechado por el oficialismo. En ambos casos, lo que falló no fue la tecnología, sino la voluntad de respetar las reglas del juego. Por eso, este 17 de agosto, el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) no puede fallar.
El TSE ha desplegado dos simulacros para probar la operatividad del Sirepre, logrando una transmisión del 65% de actas con apenas la mitad del personal disponible. Técnicamente, se trata de una mejora sustancial frente a las experiencias previas. El sistema está diseñado para recibir fotografías de las actas desde cada recinto y centralizarlas en un centro de cómputo que, además, contará con veeduría internacional y delegados de partidos políticos. Todo esto suena bien. Pero eso no basta.
El desafío no es tecnológico, es político y ético. Bolivia necesita que la noche del 17 de agosto podamos irnos a dormir sabiendo con certeza quién ganó. Que no haya dudas, ni protestas, ni denuncias de fraude al amanecer. Esa certeza debe nacer del cumplimiento irrestricto de la transparencia: acceso público a las actas digitalizadas, publicación inmediata de datos por recinto y mecanismos abiertos de auditoría ciudadana.
Si bien el Sirepre no reemplaza al cómputo oficial, su función simbólica es clave: da la primera fotografía de los resultados y marca el tono político de la jornada. Un mal uso, o una interrupción sorpresiva —como en 2019—, puede incendiar el país.
Bolivia llega a estas elecciones polarizada, desconfiada y con cicatrices abiertas. La única manera de recuperar la credibilidad institucional es garantizando que el sistema de conteo rápido sea íntegro, eficiente y verificable en tiempo real. Cualquier omisión o improvisación será inaceptable. Los ciudadanos no estamos dispuestos a tolerar una repetición de las sombras del pasado.
La tecnología hoy permite lo que antes parecía imposible: contar millones de votos en minutos, proyectar tendencias fiables y garantizar acceso público a las evidencias. En países democráticos, eso es normal. En Bolivia debe ser una obligación. No podemos permitir que se vuelva costumbre dormir sin resultados o, peor aún, que los resultados aparezcan de forma milagrosa al día siguiente.
El TSE tiene tiempo para corregir falencias, responder inquietudes y blindar el sistema. No basta con hacer simulacros. Hay que explicar con claridad cómo se protegerán los datos, quién audita el software, cómo se evita la manipulación, qué empresa aloja la información y qué mecanismos existen para que los ciudadanos podamos verificar, en línea, lo que ocurre en cada mesa.
El 17 de agosto, Bolivia no necesita sorpresas, necesita certezas. Y el conteo rápido —bien hecho, sin trampas ni apagones— es la única herramienta capaz de dárnoslas. Esta vez, simplemente, no puede fallar.
