La pregunta no es retórica ni provocadora: es urgente. ¿Gobiernan los presidentes electos o los capos del narcotráfico? La evidencia acumulada apunta a una verdad inquietante: el crimen organizado no solo ha penetrado las instituciones, las ha reemplazado en muchos territorios. En la práctica, los jefes narcos ejercen funciones de gobierno con más eficacia —y brutalidad— que los Estados debilitados.
En México, la simbiosis entre el poder político y los cárteles es cada vez más descarada. Ovidio Guzmán, preso en EE. UU., podría revelar una red de vínculos entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios del más alto nivel. Su padre, el Chapo, tejió esa red con la ayuda de militares, jueces y abogados que hoy aún ocupan cargos públicos. El caso del general Cienfuegos, liberado por el gobierno, simboliza la impunidad institucionalizada.
La situación es similar, y en algunos casos peor, en Colombia, Venezuela y Honduras. En Venezuela, el llamado “Cartel de los Soles” ha transformado a las Fuerzas Armadas en socios operativos del narcotráfico internacional. En Colombia, décadas de acuerdos tácitos entre políticos, fuerzas del orden y narcos continúan moldeando el mapa del poder. Y en Honduras, la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por delitos de narcotráfico despeja cualquier duda sobre la captura del Estado por intereses criminales.
Pero lo más alarmante es que ya no hablamos de excepciones ni de países fallidos. La corrupción narco se ha infiltrado también en democracias que hasta hace poco eran consideradas modelos institucionales. En Chile, Uruguay y Costa Rica, casos recientes muestran cómo las mafias ya logran penetrar aparatos de seguridad, tráfico aéreo y oficinas de pasaportes. En Uruguay, Sebastián Marset eludió a la justicia gracias a una red de complicidades que alcanzó hasta la cancillería. En Costa Rica, un exministro de Seguridad terminó tras las rejas por vínculos con el Cartel del Golfo.
Bolivia merece mención aparte. Su institucionalidad debilitada y un poder judicial sometido han convertido al país en un corredor logístico y refugio para narcos internacionales. El caso de Sebastián Marset, que vivió y operó en el país sin mayores sobresaltos, es una muestra clara del descontrol. El espacio aéreo boliviano es usado como autopista del tráfico, sin que nadie en el gobierno dé respuestas serias.
El patrón es claro: donde el Estado no llega, el narco impone orden. Ya no se limita a traficar droga; gestiona obras, financia campañas, impone justicia paralela y compra lealtades. Los cárteles tienen más empleados, más dinero, más armas y más autoridad real que muchos gobiernos. La DEA estima que solo dos cárteles mexicanos emplean más personas que cualquier partido político del continente.
En buena parte de América Latina ya no gobiernan los presidentes, sino los narcos. Gobiernan porque pueden, porque el Estado está ausente, infiltrado o cooptado. Y mientras no exista una voluntad política firme para enfrentarlos el mapa del poder seguirá siendo pintado con sangre y cocaína.
La democracia no muere solo con golpes de Estado. También muere cuando se arrodilla ante el crimen. En América Latina, ese funeral ya comenzó. La pregunta es si aún queda tiempo para impedir que se cierre la tapa del ataúd.
