Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) pasarán a la historia como responsables de décadas perdidas en materia de hidrocarburos y como autores de la mayor crisis energética de este cuarto de siglo. El experto Roberto Dipinto Cafiero considera no solo que el “gas se ha hecho gas” y que la crisis energética se profundizará mucho más, sino que se avecina una larga sequía en materia de hidrocarburos. Con gráficos en mano, sostiene que hubo un manejo irracional por parte del actual gobierno, y que se necesitan grandes inversiones (nacionales e internacionales) para recuperar el abastecimiento interno y, luego, proyectarse hacia los mercados externos.
El experto pronostica un panorama sombrío, y advierte que los principales candidatos de la oposición tampoco tienen claro cómo resolver un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. El MAS (que alucinaba con que teníamos un mar de gas) ha demostrado una incapacidad absoluta en esta materia. Por cierto, si queremos cambiar este estado de cosas, no será con los mismos gobernantes, que solo fueron buenos para liquidar la gallina de los huevos de oro.
Hay que recordar que, cuando ya se olfateaba esta sequía, Luis Arce, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, aseguraba que ni la caída del precio del barril de petróleo crudo a menos de $us 55, ni la depreciación del valor de los minerales en un 25 %, ni la desaceleración de China frenarían el crecimiento de la economía del país, que venía con piloto automático al 5,5 %. Afirmaba que, aun cuando bajaran los precios internacionales de las materias primas —especialmente de los hidrocarburos—, garantizaba el crecimiento de la economía a un promedio del 5 %. Con una inflación menor al 5 %, unas envidiables Reservas Internacionales Netas (RIN) por encima de los $us 15.500 millones —cerca del 50 % del PIB— y un nuevo récord exportador por cerca de $us 13.000 millones, se constituía un cuadro auspicioso a mediados de 2015. Es cierto entonces que había bonanza económica, pero el MAS la dilapidó en tiempo récord y ahora sufrimos las consecuencias.
Lo que debieron hacer los gobiernos del MAS para contrarrestar los efectos económicos de la caída de los precios internacionales de nuestras materias primas era promover la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, la Constitución boliviana ha puesto algunos candados. Los artículos 366 y 378 establecen que la inversión extranjera no podrá invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional tratándose de la cadena productiva hidrocarburífera, y que la cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse.
Estas limitaciones constitucionales no solo contradicen los principios y fundamentos del libre mercado, sino que también obstaculizan la suscripción de nuevos tratados de inversión en hidrocarburos y energías. Con posterioridad a la Constitución de 2009, el Estado sancionó la Ley N.º 516 del 4 de abril de 2014, que establece el marco jurídico e institucional para la promoción de las inversiones a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia.
Al margen de algunos intentos fallidos, el gobierno nacional no buscó ni promovió la economía para que siguiera expandiéndose; menos aún promovió las inversiones necesarias para sostener el crecimiento económico. El MAS sabe que sin inversión no puede haber crecimiento ni desarrollo económico, condición imprescindible para luchar contra la pobreza, uno de los grandes objetivos nacionales.
El mensaje de la CEPAL es contundente: el principal desafío que hoy enfrentan los países de la región para lograr el crecimiento económico es aumentar las tasas de inversión pública y privada. El gobierno boliviano tiene que ofrecer seguridad jurídica al inversionista, lo cual debe traducirse en tratados de inversión que establezcan, como mínimo, el régimen impositivo —incluyendo incentivos a pactarse—, el reconocimiento del tribunal arbitral internacional y la sede del arbitraje, entre otros.
El nuevo gobierno tiene que consensuar una reforma constitucional urgente que permita el ingreso de capitales extranjeros y promueva las inversiones con todas las cláusulas de garantía, incluido el arbitraje internacional. La inversión (nacional y extranjera) necesita seguridad jurídica, algo que en este momento el Estado boliviano no puede ofrecer, y este es uno de los grandes desafíos que advertía el experto Roberto Dipinto Cafiero.
*Jurista y autor de varios libros.
