Los bolivianos hemos aprendido, a fuerza de golpes, que nuestros recursos naturales no son garantía de desarrollo. Así ocurrió con el guano, el estaño, el petróleo y el gas. Ahora es el turno del litio, pintado como el nuevo mesías económico del país. Todos los candidatos lo colocan en el centro de sus promesas electorales sin el menor análisis de contexto, viabilidad o lección histórica. Se trata del nuevo espejismo del extractivismo boliviano.
La realidad es otra: el precio del carbonato de litio ha caído en picada y ronda hoy los 8.500 dólares la tonelada, lejos de los 80.000 que alcanzó en su pico de 2022. Con ese valor, simplemente no es negocio. Pero eso no detiene la maquinaria discursiva del litio como salvación nacional, impulsada por políticos que insisten en los cantos de sirena.
Lo más preocupante es que el litio no es solo una burbuja económica inflada por la desinformación: está también envuelto en el mismo lodo de opacidad, clientelismo y corrupción que ha caracterizado históricamente al manejo estatal de los recursos en Bolivia. Contratos firmados a espaldas de la población, sin consulta previa ni estudios ambientales, beneficios desproporcionados para empresas extranjeras y un Estado que promete riqueza mientras negocia deuda, hipotecas y concesiones.
Mientras tanto, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) sigue sin producir a escala significativa y ya ha comprometido multimillonarios pagos a consorcios rusos y chinos. Todo esto ocurre en un país que ni siquiera tiene una ley moderna de inversiones, ni seguridad jurídica, ni transparencia institucional. ¿Quién puede creer que así atraeremos capital serio?
Pero lo más grave no es la inviabilidad coyuntural del litio, ni la incompetencia técnica o la corrupción política. El verdadero problema es estructural: Bolivia sigue atrapada en un modelo mental extractivista que confunde recurso con riqueza. Creemos que tener litio bajo el suelo es tener dinero en el bolsillo. Nada más lejos de la verdad. La historia lo demuestra con claridad dolorosa: hemos tenido recursos de sobra, pero no instituciones sólidas, ni reglas claras, ni visión de país.
Todos los candidatos lo saben. Algunos se declaran liberales o modernos, pero todos coinciden en el mismo diagnóstico falso: que el Estado debe manejar el litio y que de ahí saldrá el futuro de Bolivia. Es un consenso empobrecedor, una trampa ideológica que perpetúa un Estado elefantiásico, rico en ingresos pero pobre en resultados. Ninguno se atreve a decir lo obvio: que el litio, como cualquier recurso natural, puede ser una maldición si se lo administra con las mismas recetas fracasadas del pasado.
Bolivia no necesita otro salvador mineral. Necesita cambiar su relación con los recursos naturales. Mientras sigamos creyendo que la riqueza está en lo que se extrae y no en lo que se produce, en lo que se piensa, en lo que se crea, seguiremos siendo un país pobre, dependiente y vulnerable a los vaivenes del mercado global.
Un verdadero cambio implicaría decirle a los bolivianos que la solución no está en el subsuelo, sino en la superficie: en la educación, la innovación, el emprendimiento, el respeto a la propiedad, la justicia independiente y el Estado limitado pero eficiente.