Hace días se hizo pública la actitud absurda de Impuestos Nacionales en contra de un ciudadano que había perdido su carnet de identidad y, posteriormente, se sorprendió al descubrir que tenía un NIT (sin haberlo tramitado nunca) y que ahora resulta ser deudor de medio millón de bolivianos.
Impuestos Nacionales no le dio una solución rápida y práctica. Las y los patéticos funcionarios solo atinaban a responder que el señor afectado debía pagar la deuda, seguramente en estricto apego a normas, artículos, incisos y demás vainas con las que la burocracia se alimenta.
A todas luces, este caso es sencillamente alarmante cuando advertimos el omnímodo poder de una repartición pública contra un indefenso ciudadano de a pie, además pobre y sin recursos. Entonces, es comprensible que muchísima gente se incline hacia el humilde hombre, que, entre lágrimas, repite que no es deudor de nada, porque no tiene nada.
Galimatías jurídico
La solución debería ser sencilla, pero no: se complica de manera terrorífica. En principio, le indican que debe iniciar un proceso penal. ¿Proceso contra Impuestos Nacionales? ¿O contra quién? ¿Qué tipo de proceso? ¿Qué tiempo durará dicho “proceso”? ¿Pocas semanas o diez años?
En medio de esta juridicidad que asusta a muchos, aparece en redes sociales un joven (estudiante de leyes) bien intencionado que se atreve a dar pautas de solución. Habla de un procedimiento administrativo en lugar de uno penal. Su sugerencia está basada en leyes como la 2341 de Procedimiento Administrativo, la 1178 conocida como SAFCO y la 2492 del Código Tributario. Acá los neófitos comenzamos a marearnos y las leyes se nos ponen pesadas, muy pesadas.
Indica el estudiante que el hombre debe impugnar el acto administrativo, seguramente declarando nula la emisión del NIT. Luego deberá presentar pruebas, como declaración jurada negando el préstamo, así como certificación de actividad económica. Luego debe demostrar su ocupación mediante mensajes, pagos y otros. No obstante, la deuda seguirá latente y se deberá encontrar a quienes hubieran cometido el fraude, e investigar mediante proceso sumario a los funcionarios responsables dentro de la administración pública, etcétera.
El estudiante de leyes es voluntarioso, huelga reconocerlo, e indica que el asunto de la deuda puede extinguirse de varias maneras. Menciona así el pago, la confusión, la condonación, la prescripción y la compensación. Cree él que se puede liberar de culpa al señor si Impuestos admite una confusión, pues el Estado no puede autodeberse a sí mismo, y ahí podría estar el fin del lío.
El sentido común
Parece haber soluciones en leyes, artículos, procedimientos, reglamentos, etcétera. Pero el quid de la cuestión estriba en que estas acciones conllevan mucho tiempo, mucho dinero y, generalmente, se convierten en un viacrucis para las o los afectados.
Ante tanta crítica y rabia expresada por la ciudadanía en redes sociales, Impuestos Nacionales pareció dar un paso atrás al comunicar que la deuda no es de medio millón, sino de solo cinco mil bolivianos. Pero aquí no se trata de la cantidad: bien pudieran ser cincuenta bolivianos, y seguiría siendo injusto si el hombre nunca tramitó un NIT.
Lo aconsejable sería creer en la buena fe y en la palabra del ciudadano. Creer en la pérdida o extravío del carnet. Creer que algún mal funcionario pudo hacer mal uso del carnet hallado. Creer en la honradez y humildad del señor. Y, finalmente, creer que el ciudadano jamás se presentó a tramitar un NIT. En resumen, se trata de hacer las cosas más sencillas.
Un elemental principio de sentido común nos indica lo anterior, y habría que aplicarlo en toda dependencia pública. Lo contrario solo ratificará, para mal de males, que el sentido común es el menos común de los sentidos en la administración boliviana.
