A poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, Bolivia se hunde nuevamente en un pantano de incertidumbre, amenazas, impunidad y escenarios de violencia que recuerdan peligrosamente al convulsionado 2019. Las recientes declaraciones de Ruth Nina, escudera del "evismo", advirtiendo que ese día no se contarán votos sino muertos, no son una mera provocación política. Son una amenaza abierta al proceso democrático y una advertencia de sabotaje electoral en caso de que Evo Morales no sea habilitado como candidato.
Y es que el propio Morales ha lanzado advertencias similares. Desde su bastión en Lauca Ñ, volvió a decir con total desparpajo que si no está en la contienda, no habrá elecciones. La frase suena a ultimátum y confirma que el líder cocalero sigue convencido de que Bolivia es rehén de su voluntad, incluso al margen de la ley y las sentencias constitucionales que le impiden postularse.
Evo Morales no solo mantiene una estructura política activa y bien financiada; también conserva influencia territorial en el Chapare, donde se mueve rodeado de hombres armados, en una suerte de republiqueta autónoma donde ni la Policía ni la Fiscalía se atreven a actuar. Que se permita este nivel de impunidad, con mensajes incendiarios y promesas de violencia electoral, evidencia una claudicación del Estado de derecho.
El gobierno de Luis Arce, más preocupado por su supervivencia política que por ejercer autoridad, observa con tibieza. Pese a las amenazas de muerte explícitas, no se han tomado medidas firmes. Se anuncian investigaciones, se hace un llamado al TSE o al Ministerio Público, pero en la práctica no hay acciones contundentes.
El panorama se torna aún más turbio cuando se observa cómo ciertos sectores políticos se muestran dispuestos a negociar con Evo Morales. La candidata a vicepresidenta de Andrónico Rodríguez, Mariana Prado, ha declarado que no impulsará ninguna acción legal contra Morales. Esto equivale a garantizarle impunidad de antemano.
Lo que está en juego no es una candidatura, es la posibilidad misma de que Bolivia tenga elecciones limpias, sin chantajes ni violencia. El país aún no supera la fractura de octubre de 2019, cuando el fraude, la manipulación y la presión social derivaron en una renuncia forzada, un vacío de poder, una transición accidentada y meses de convulsión. Hoy, con el mismo protagonista al frente del boicot, el riesgo de repetir el ciclo es altísimo.
Esta vez Morales no necesita manipular urnas para torpedear el proceso. Le basta con infundir miedo, dividir al electorado y mostrar capacidad de bloqueo territorial. Sus aliados, como Ruth Nina, están haciendo el trabajo sucio: verbalizando el terror, normalizando el discurso del enfrentamiento.
Si el Estado no actúa con firmeza y urgencia, si no se aplican las leyes contra quienes instigan a la violencia, si se permite que Morales vuelva a poner en jaque la democracia, el 17 de agosto podría convertirse en una fecha negra. No solo por la posibilidad de muertos —como amenaza Nina—, sino porque se rompería una vez más la frágil institucionalidad que le queda al país.
El país aún no supera la fractura de octubre de 2019, cuando el fraude, la manipulación y la presión social derivaron en una renuncia forzada, un vacío de poder, una transición accidentada y meses de convulsión. Hoy, con el mismo protagonista al frente del boicot, el riesgo de repetir el ciclo es altísimo.
