Evo Morales no necesita volver a la Presidencia para seguir gobernando. Su verdadera aspiración parece no ser ya el sillón de la Casa Grande del Pueblo, sino el trono vitalicio de una republiqueta paralela: el Chapare. Una región donde la Constitución dejó de tener vigencia, donde el Estado es huésped no deseado y donde no rigen ni la ley ni los derechos fundamentales. El poder allí no se gana con votos, sino con miedo.
En junio, la Policía fue replegada de esa zona tras amenazas directas a los uniformados y sus familias. El ministro de Gobierno admitió que no hay condiciones para su retorno. Es decir, el Estado —que debería imponer el orden— hoy pide permiso para ejercer su autoridad. La Policía, que debería garantizar seguridad, exige garantías para actuar. La institucionalidad está de rodillas frente al autoritarismo sindical armado, al narcotráfico y a un liderazgo mesiánico.
El Chapare se ha convertido en un santuario del crimen y en la prueba más contundente de la pérdida de soberanía del Estado boliviano. En esa región, linchamientos como los ocurridos en Shinahota —con víctimas ahorcadas y carbonizadas— se ejecutan sin posibilidad de intervención estatal. Ni Fiscalía ni Policía pudieron ingresar a recuperar los cuerpos. Comunarios armados bloquearon el acceso. No es una comunidad autónoma: es una zona tomada por una estructura mafiosa que opera impunemente bajo el mando del caudillo.
Evo Morales no compite por ideas: compite por territorio. Y en el trópico ya ganó. No hay espacio para la democracia ni para candidatos alternativos. Los postulantes que no responden a su línea fueron expulsados, obligados a vender sus tierras y vetados de toda actividad política. Las centrales sindicales advierten que no permitirán campañas ajenas a su “instrumento político” y amenazan con impedir la instalación de ánforas si Morales no es habilitado como candidato.
Esto no es solo un capricho electoral: es una estrategia de desestabilización. Si Morales logra que no haya elecciones en el Chapare, provocará un vacío de legitimidad en el proceso nacional. Y si el Estado se rinde ante la imposición de hechos consumados, habrá consolidado un enclave soberano, fuera de la ley, sin justicia, sin pluralismo, pero con cocaína como moneda de cambio y armas como garantía de obediencia.
Desde ese bastión, Morales no solo busca blindarse de sus procesos judiciales. También proyecta exportar su modelo: un narco-autoritarismo sindical, financiado por economías ilícitas, protegido por la violencia y sostenido por el miedo. ¿Y luego? ¿Yapacaní? ¿El norte de Santa Cruz? ¿El altiplano? Las rutas están abiertas. El negocio también.
Evo nunca quiso gobernar dentro del sistema: siempre quiso imponer el suyo. Hoy lo está logrando. Mientras el Gobierno se excusa, la Policía se repliega y el Estado retrocede, él sigue allí, intacto, desafiante, rey absoluto del caos. Para Morales, perder la Presidencia no fue una derrota. Ha sido la oportunidad de crear su propio reino: uno sin leyes, sin oposición, sin control. Pero con poder real. Y lo peor: sin resistencia.
Desde ese bastión, Morales no solo busca blindarse de sus procesos judiciales. También proyecta exportar su modelo: un narco-autoritarismo sindical, financiado por economías ilícitas, protegido por la violencia y sostenido por el miedo. ¿Y luego? ¿Yapacaní? ¿El norte de Santa Cruz? ¿El altiplano? Las rutas están abiertas. El negocio también.
