El escándalo en el tribunal departamental de La Paz, cuyo epicentro era el ministro de justicia, César Siles, ha puesto en evidencia que la corrupción judicial parece haberse “institucionalizado” a todo nivel. Que hayan detenido al exministro de justicia, vocales departamentales, un juez de provincia, operadores y un testigo “oficial”, confirma que en el poder judicial funciona un gran mercado de tráfico de influencias y abuso de poder. Esta estructura mafiosa impone diferentes tarifas y donde pagan los mismos jueces para ingresar al sistema judicial y los litigantes por las resoluciones que emiten esas autoridades.
Y como parte de esa corrupción, la justicia también ha condenado a personas inocentes (caso Jhiery Fernández, La Paz, y Reynaldo Ramírez, Santa Cruz) y ha liberado a feminicidas, violadores, etc. Los denominados consorcios de jueces, fiscales y abogados, han existido siempre y generados casos de alta corrupción judicial, que han impactado a la opinión pública.
La corrupción judicial destruye la independencia e imparcialidad judicial y genera pérdida de credibilidad respecto al sistema en su conjunto. En un sistema de corrupción generalizada (como el que existe en Bolivia), los jueces tampoco pueden exigir la responsabilidad de la autoridad pública abusiva y corrupta, si ellos mismos incurren en actos de corrupción o forman parte de una estructura de poder decadente y mafiosa.
Los actos de corrupción aumentan el costo de acceso a la justicia, y la ciudadanía reacciona acudiendo menos a los tribunales, porque percibe al sistema como parcializado, paquidérmico, incierto, costoso y de “pobre calidad”. Los numerosos casos de “justicia por mano propia”, que han cobrado la vida de varias personas, debe constituir una verdadera llamada de atención. El modelo de justicia del MAS no solo ha terminado con la institucionalidad e independencia del poder judicial, sino que lo ha instrumentalizado para sus fines políticos. A cambio, el MAS permite y fomenta la corrupción, como el mejor incentivo a sus fieles aliados judiciales.
La Fundación para el Debido Proceso Legal considera que son actos de corrupción judicial, la conducta de un juez o empleado judicial que vulnera el principio de imparcialidad en un proceso judicial, con miras a la obtención de un beneficio indebido e ilegal para sí mismo o para un tercero (típico tráfico de influencias). El listado de actos ilegales incluye el prevaricato, la detención preventiva indebida, extravío de expedientes; alteración de folios; manipulación de las notificaciones; falta de motivación de las resoluciones; las excusas y recusaciones sin motivos, etc.
La retardación de justicia constituye un incentivo directo para la corrupción judicial y ésta tiene como protagonista no solo a los jueces, fiscales y policías, sino también a los funcionarios subalternos o administrativos de los tribunales. Aunque hay excepciones, el oficial de diligencias que tiene que notificar dentro de unos plazos perentorios cada acto procesal, no cumple el mandato legal, salvo que reciba un fuerte incentivo económico. En los juzgados reciben dinero para agilizar (retrasar o no realizar) un procedimiento, la pérdida del expediente, ocultar o perder pruebas, que permitan absolver o condenar a un acusado.
La corrupción generalizada tiene efectos negativos en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la población. Aparte de sus connotaciones éticas y sociales, la corrupción provoca un alto costo social y político en la medida en que las decisiones son ejecutadas por funcionarios públicos sin tomar en cuenta las consecuencias adversas (externalidades negativas estáticas y dinámicas) que ellas tienen sobre la comunidad. La corrupción así trastoca e invierte los valores esenciales como la transparencia, honestidad, la vocación de servicio, etc.
Y como el poder judicial no ha tenido la capacidad ni la convicción de “limpiar y desinfectar primero la casa” (las prácticas corruptas no vienen solas y se reproducen a granel), tampoco está en condiciones de luchar efectivamente contra la corrupción externa. En cualquier caso, combatir la corrupción judicial es la condición sine que non para la implantación de políticas públicas contra la corrupción en general. Y como sostiene un autor, ningún país está exento de sufrir una epidemia o una peste, pero cuando se contagian los médicos que deben combatirla, parecería que la encrucijada es gravísima, como la que atraviesa el poder judicial boliviano.
