El Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha dado el último espaldarazo a la Administración de Donald Trump para que siga adelante de manera oficial con lo que hasta ahora había intentado hacer por encima de la ley: expulsar a los migrantes a terceros países sin permitirles una defensa y sin importar si estarían expuestos a algún tipo de riesgo. A pesar de las críticas de los abogados, activistas y la opinión internacional cuando el Gobierno del republicano envió a más de 200 venezolanos a El Salvador, un centenar de asiáticos a Panamá, o a cubanos y mexicanos a África, el alto tribunal ha dado luz verde este lunes para que Trump deporte a extranjeros a países distintos al de origen.
La corte levantó así una orden judicial
dictada el pasado 18 de abril por el juez federal de distrito de Boston Brian
Murphy, que exigía que se le diera la posibilidad y el tiempo necesario a los
migrantes para discutir sus casos antes de ser deportados a países donde
podrían enfrentar tortura.
Los tres jueces liberales de la corte de
mayoría conservadora, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson,
discreparon. Sotomayor calificó la orden como una “recompensa a la ilegalidad”
y un “abuso flagrante”. “Aparentemente, el tribunal considera que la idea de
que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que
la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus
facultades correctivas al ordenar al gobierno que proporcione la notificación y
el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y
estatutariamente”, escribió. “Ese uso de la discrecionalidad es tan
incomprensible como inexcusable”.
En su fallo de abril, el magistrado Murphy
abogó por el respeto al debido proceso, tan violado en varias de las
expulsiones llevadas a cabo bajo el Gobierno de Trump, en las que no solo no se
les avisa a las personas con antelación sobre cuándo serán deportadas, sino que
pierden sus citas ante los tribunales de inmigración, llegan a terceros países
y muchos se encuentran totalmente incomunicados, sin la posibilidad de tener
contacto con sus familiares o abogados.
Así sucedió con los venezolanos enviados al
Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), o con los ocho hombres
deportados en un avión a Sudán del Sur, pero cuyo vuelo aterrizó en Yibuti,
donde hay una base militar estadounidense. Fue este último caso el que desató
la lucha en los tribunales contra el envío de migrantes a terceros países.
Murphy dijo que con estos procedimientos el Gobierno estaba “fabricando el caos
que ellos mismos denuncian”.
Desde la Casa Blanca, a Murphy lo nombraron a
través de un comunicado como “un juez activista de extrema izquierda”. El
magistrado también ha estado peleando en los juzgados el caso del migrante
guatemalteco identificado con las iniciales O.C.G., quien en febrero fue
deportado por error a México. O.C.G. formó parte en una demanda colectiva que
llevan adelante grupos defensores de derechos humanos en contra de la
deportación a terceros países sin respetar el debido proceso.
La decisión del Tribunal Supremo llega como otra victoria para Trump de la mano del Poder Judicial, que en los últimos meses ha estado del lado del Gobierno del republicano en el intento de quitar la protección a millones de migrantes en el país, tal como sucedió con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a venezolanos, o los beneficios antes concedidos a quienes llegaron con programas humanitarios.
