Lo que ha estallado en el país con el llamado "caso consorcio" no es simplemente otro escándalo judicial, es el retrato más obsceno de un Estado que ha sido carcomido desde sus cimientos por el poder político, por la lógica de la impunidad y por un sistema judicial convertido en instrumento de corrupción, venganza y reproducción del poder.
Durante años, hemos denunciado el secuestro de la justicia a manos del régimen del MAS. Lo que hoy se revela con grabaciones, chats, aprehensiones y renuncias forzadas, es apenas una fotografía grotesca de una práctica cotidiana: fiscales, jueces, vocales, ministros y magistrados operando como un verdadero cártel de decisiones amañadas. Esta vez, el guión fue claro: destituir a una magistrada electa, Fanny Coaquira, mediante una operación planificada desde el despacho del exministro César Siles y ejecutada con precisión delictiva por jueces y vocales subordinados.
El término “consorcio” no alcanza a reflejar la podredumbre. Aquí no hay solo colusión de intereses entre abogados, jueces y fiscales. Aquí hay crimen organizado al amparo del poder estatal. No es casualidad que el implicado sea un exministro de Justicia. El MAS ha convertido a esta cartera en una trinchera de manipulación política. No hay separación de poderes. Hay sumisión, hay operadores. Y el resultado es una justicia prostituida, donde se intercambian fallos por favores, cargos por lealtades y sentencias por obediencia.
Este caso no es aislado. No es el error de unos “malos funcionarios”. Es la consecuencia de dos décadas de acumulación arbitraria de poder, de persecución disfrazada de procesos judiciales, de la colonización total del aparato judicial por el Ejecutivo. El MAS ha institucionalizado la ilegalidad. Y la democracia, sin justicia, es una carcasa vacía.
La desinstitucionalización en Bolivia ha tocado fondo. Este país no puede aspirar a nada –ni a inversión, ni a propiedad segura, ni a empleo digno, ni a una mínima convivencia pacífica– si su justicia es una cloaca controlada por mafias con toga. Este hedor institucional es nauseabundo. Asquea. Y sin embargo, nada garantiza que no se diluya entre la indignación pasajera y el espectáculo mediático.
Necesitamos una reforma estructural, real, profunda e irreversible del sistema judicial. No se trata de cambiar nombres ni de castigar a unos pocos. Se trata de desmontar todo un sistema de complicidades que ha transformado a la justicia en una máquina de poder.
Una justicia independiente no es un lujo. Es la única garantía de que algún día tengamos un país normal. Sin ella, Bolivia seguirá atrapada en su peor tragedia: la impunidad institucionalizada.
El reciente escándalo es la prueba de que el régimen ha cruzado todas las líneas. Ya no se trata sólo de reformar la justicia, sino de rescatarla del secuestro en que la ha sumido el poder político. Porque mientras el sistema judicial siga siendo un brazo sucio del Ejecutivo, Bolivia seguirá atrapada en el pantano.
Necesitamos una reforma estructural, real, profunda e irreversible del sistema judicial. No se trata de cambiar nombres ni de castigar a unos pocos. Se trata de desmontar todo un sistema de complicidades que ha transformado a la justicia en una máquina de poder.
