Al menos entre 80 y 100 personas, presuntamente pertenecientes a la comunidad indígena Pozo del Tigre, ingresaron de forma violenta a la propiedad San Diego 2, ubicada al norte de Pozo del Tigre y colindante con la colonia Manitoba. La incursión ilegal, según denunciaron los propietarios, se realizó hace una semana con el supuesto aval de un dirigente de la Federación Única de Campesinos de Pailón.
El predio afectado, de aproximadamente 3.000 hectáreas, es propiedad de la empresa Algarrobal S.A., que actualmente mantiene sembradíos de trigo y sorgo en cerca de 2.000 hectáreas.
De acuerdo con Juan Carlos Prado, abogado de la empresa, los avasalladores ingresaron armados con machetes, rompieron el alambrado, instalaron carpas precarias y comenzaron chaqueos con motosierras.
“El primer día dijeron que solo eran custodios, pero luego impidieron que los trabajadores fumigaran, amenazaron al personal y manifestaron que esta sería la última siembra de la empresa, pues luego trabajarían ellos”, relató el jurista.
La denuncia fue formalmente presentada ante la Policía y la Fiscalía de Pailón, solicitando la apertura de una investigación y el inmediato desalojo de los ocupantes. La defensa legal enfatiza que la empresa cuenta con todos los documentos que acreditan su legítima propiedad sobre el predio.
Klaus Frerking, presidente electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), también se pronunció sobre el caso. “Denunciamos nuevos avasallamientos en Santa Cruz, como en Algarrobal y Santa Rita. Se trata de tierras productivas, listas para la cosecha, y exigimos a las autoridades hacer respetar la ley”, declaró.
Desde la CAO advierten que la inseguridad jurídica sigue afectando gravemente al sector productivo del país, que ya enfrenta problemas con la provisión de combustible y otros insumos.
Los productores urgen a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reactive el proceso de saneamiento y se garantice la propiedad privada.
El abogado de la empresa recalcó que el predio nunca había tenido conflictos previos y reiteró su llamado a las autoridades para que restituyan la posesión a los actuales propietarios.
“Estamos ante un claro caso de avasallamiento violento que vulnera derechos constitucionales y debe ser atendido con urgencia”, concluyó.
