Este domingo el Pacto Unidad evista y el denominado Estado Mayor del Pueblo determinaron dar una “pausa humanitaria” en bloqueos de carreteras que iniciaron el pasado lunes 2 de junio. Además, determinaron declarar duelo nacional tras las muertes registradas.
“Determinamos una pausa humanitaria en la movilización nacional en carreteras, mientras se realice una investigación internacional exhaustiva, transparente e independiente de todos los hechos provocados por la intervención policial y militar instruida por el gobierno de Luis Arce, pero continuaremos con otras medidas de presión”, señala el comunicado que fue publicado por el medio evista Radio Kawsachun Coca.
Sin embargo, indicaron que llevarán adelante movilizaciones, marchas, cacerolazos y protestas en las ciudades en defensa de “la canasta familiar, la economía del pueblo boliviano y nuestros recursos naturales (litio, hidrocarburos y minerales)”, hasta que renuncie el Gobierno.
El instructivo evista tiene ocho conclusiones, en el segundo punto determinó declarar duelo nacional en el movimiento indígena “por la muerte de nuestros compañeros que perdieron la vida en Arque y Llallagua luchando en defensa de la economía del pueblo y la democracia”.
“Expresamos nuestra profunda solidaridad a las familias dolientes e instruimos flamear nuestra bandera Wiphala con rosones negros y el encendido de capillas ardientes en las diferentes provincias, comunidades y ciudades en honor a nuestros mártires”, agrega.
Como tercer punto, conminan a la Asamblea Legislativa a no aprobar créditos externos y exigen a la presidencia de la Cámara de Diputados y Senadores a iniciar acciones judiciales “por los hechos de corrupción en diferentes instituciones del Estado y por las denuncias que involucran a la familia del presidente Luis Arce Catacora”.
En el cuarto punto, denunciaron una “grave vulneración” de derechos humanos, y señalan que ante “la ausencia de la Defensoría del pueblo” piden a los organismos internacionales la conformación de una comisión para investigar los hechos registrados durante los bloqueos.
En el quinto punto, exigen al Gobierno garantizar el derecho a la protesta sin ningún tipo de criminalización ni judicialización.
También determinaron declarar “enemigos y asesinos del pueblo” a los ministros de Gobierno, Roberto Ríos, y de Defensa, Edmundo Novillo. Y exigen al alto mando policial y militar replegar “inmediatamente” a los efectivos a sus diferentes unidades para “evitar enfrentamientos”.
En el séptimo punto, demandaron la liberación de las personas detenidas durante los bloqueos.
Para finalizar, rechazaron y denunciaron la articulación de “grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista en coordinación con el gobierno nacional y la creación de otros grupos paramilitares a partir de funcionarios públicos quienes ejecutaron atentados contra sedes sindicales y políticas".
