Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso del país de adoptar medidas para combatir ambos flagelos.
Junto a Bolivia fue incluido en la “lista gris” las Islas Vírgenes y fueron retirados Mali, Croacia y Tanzania, tras cumplir con un plan de acción establecido. La decisión se tomó durante una reunión plenaria realizada este viernes en Estrasburgo (Francia):
“Cuando el GAFI incluye a un Estado bajo vigilancia reforzada, esto significa que el país se compromete a poner en marcha un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados, precisó la organización internacional en su comunicado”, señala un reporte de la agencia AFP.
El GAFI recomendó a Bolivia mejorar la vigilancia sobre profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contadores. Además le aconsejó asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten la información veraz sobre sus posesiones.
Actualmente hay 24 países en la lista gris, entre ellos Mónaco, Costa de Marfil y Argelia. En la lista negra figuran países como Corea del Norte e Irán.
Bolivia se adhirió al GAFI en el año 2001 y ya estuvo en la lista gris entre los años 2011 y 2013. En una de las primeras reacciones, el ministerio de Economía remarcó que Bolivia cumplió con el 90 % de las recomendaciones hechas por GAFI durante su última evaluación, pero aduce que debido a un sabotaje desde el 2021 no se pudo aprobar leyes contra las ganancias ilícitas.
El despacho dirigido por Marcelo Montenegro agregó que en la Asamblea Plurinacional la coalición opositora anuló disposiciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de GAFI incluidas en el Presupuesto General del Estado 2024.
“Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable”, informó el ministerio de Economía en un comunicado.
Esta cartera enfatizó que se requiere el compromiso del legislativo para la aprobación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para casos de legitimación de ganancias ilícitas.
En 2021 se aprobó la ley 1386 referida al combate a las ganancias ilícitas, pero fue abrogada un año después tras masivas protestas sociales impulsadas principalmente por los gremiales. En 2023 se planteó un proyecto similar, el 280, que ni siguiera pasó el filtro legislativo, debido a una nueva oleada de rechazo.
