La realidad económica de Bolivia es insostenible y el gobierno de Luis Arce lo sabe. Por eso intentó postergar, una vez más, la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), un documento que desmonta el relato triunfalista del régimen y pone en evidencia el verdadero estado de la economía nacional: al borde del default, con una deuda pública que alcanza el 95% del PIB y con reservas internacionales prácticamente agotadas.
Que el Ejecutivo haya pedido al FMI retrasar la publicación del informe técnico —como lo hizo también en 2023— no es un simple acto administrativo: es una confesión tácita de colapso. Es el reconocimiento de que ya no hay manera de maquillar las cifras. Es la desesperación de un gobierno que, en un año preelectoral, busca ganar tiempo mientras la economía se hunde.
El informe es lapidario: proyecta un crecimiento del PIB de apenas 1,1%, con una inflación del 15,1%, una de las más altas de la región. Las reservas líquidas bordean los $us 200 millones, cuando las obligaciones externas superan ampliamente ese monto. La deuda pública externa ha escalado a más de $us 13.000 millones, y si se suman las de las empresas estatales, la relación deuda-PIB supera el 100%. Bolivia produce hoy más para pagar deuda que para crecer. Y sin dólares, sin inversiones y sin reservas, el país está a pasos de un default técnico.
El FMI también advierte que la política económica actual es insostenible. El déficit fiscal sigue por encima del 10% del PIB, financiado cada vez más por emisión monetaria. Las exenciones fiscales y el gasto social desbordado —pensado más en votos que en sostenibilidad—, junto con los millonarios subsidios a los combustibles, están minando la estructura misma del Estado. A esto se suma un tipo de cambio artificialmente fijo que solo ha servido para alimentar un mercado negro de divisas y agravar la pérdida de competitividad.
El informe, que el gobierno de Arce intentó ocultar, también desmantela las promesas vacías sobre recuperación: señala que el crecimiento está estancado por la caída de la producción de hidrocarburos, el desplome del sector agrícola y las tensiones sociopolíticas. Los bloqueos, la escasez de diésel, los altos costos de importación y el desabastecimiento de productos básicos son síntomas de una economía enferma que el Ejecutivo insiste en negar.
Lo más alarmante no es solo la magnitud de la crisis, sino la obstinación del gobierno en seguir el mismo camino que nos trajo hasta aquí. En lugar de asumir la gravedad de la situación y emprender reformas estructurales —como recomienda el propio FMI—, Arce y su equipo se encierran en la propaganda, niegan los datos y persisten en un modelo agotado que ya no genera riqueza, solo miseria y conflicto.
Bolivia atraviesa la peor crisis económica de su historia democrática reciente. Y lo más grave es que no hay una salida posible sin un cambio drástico de rumbo. Seguir negando la realidad solo nos arrastra más profundo. Arce debe asumir su responsabilidad, dejar de esconder los informes que desnudan su fracaso y tomar medidas inmediatas para evitar una catástrofe mayor.
El tiempo se acaba. El país ya no aguanta más improvisación, más relato, más deuda. Bolivia necesita verdad, transparencia y un giro urgente. De lo contrario, el default no será solo técnico: será social, político y moral. Y el precio lo pagará todo un pueblo.
