En el inicio de junio se anuncian diversas movilizaciones de grupos evistas que reclaman por la inscripción de la candidatura de Evo Morales para las elecciones nacionales. Ante ello, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que en caso que haya una violencia desbordada, no descartan sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para precautelar el orden.
En ese contexto, expuso que como Gobierno la actuación los militares siempre será en el marco constitucional.
“Estamos en la obligación de garantizar el orden interno a través de la Policía, nuestras FFAA también tienen competencias en situaciones de conmoción”, dijo y precisó que operarán donde “realmente se ponga en riesgo la vida de ciudadanos, el grave riesgo a la colectividad y el funcionamiento de las instituciones”.
“Será un caso extremo, como Gobierno tenemos la responsabilidad de cuidar la paz social, ese es nuestro trabajo”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.
Recordó que las movilizaciones de los evistas piden también la renuncia del mandatario Luis Arce, de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), “en otras palabras, piden la renuncia de las autoridades de los órganos más importantes que tiene el Estado y esto tiene otro alcance y otra connotación”.
Para el ministro, el convocar a bloqueos y movilizaciones para registrar a Evo Morales está fuera de lugar pues el plazo dentro del cronograma electoral para haber cumplido este requisito ya culminó.
“Evo Morales, ni sus candidatos han sido inscritos y hasta el 6 de junio el Órgano Electoral definirá las habilitaciones o inhabilitaciones de candidatos que se han inscrito; entonces, el cronograma está en marcha y estamos en la obligación de apoyar para que se garantice el cumplimiento de cada una de las etapas del calendario electoral”, apuntó.
El Estado y sus órganos tienen sus propios mecanismos de defensa establecidos por la Constitución y la ley, a través de atribuciones y competencias, y “como Gobierno estamos en la obligación de garantizar este proceso democrático”, precisó el ministro.
