Vuelven los vientos, vuelve la sequía, y como cada año en Bolivia, se avecina la tragedia anunciada: los incendios forestales. Solo que esta vez, el gobierno no llega tarde. Llega directamente con bidón de gasolina en mano.
El reciente anuncio del ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, sobre la emisión de un nuevo decreto supremo para levantar la “pausa ambiental” y autorizar los chaqueos, es más que una irresponsabilidad. Es una complicidad descarada con un crimen ambiental. Y lo que se pretende vender como “una autorización limitada y temporal” no es otra cosa que la legalización anticipada del desastre. Es abrir la puerta —una vez más— al saqueo sistemático del bosque por parte de los mismos actores de siempre: interculturales, cocaleros, traficantes de tierras y pseudo productores, todos protegidos por el paraguas político del MAS.
El 2024 dejó la peor catástrofe ambiental en la historia del país: 12,6 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. El 66 % de estos incendios fueron intencionales, según la Fundación Tierra. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Declarar una pausa ambiental que ahora queda en papel mojado. Lo que se viene es otro ciclo de biocidio, autorizado desde la cúpula del poder.
Las llamadas leyes incendiarias son el marco legal que sostiene esta barbarie: Ley 741, Ley 337 y sus múltiples ampliaciones —todas disfrazadas de apoyo a la “seguridad alimentaria”— son, en realidad, licencias para destruir. Permiten desmontes sin planificación, sin control y sin consecuencias. Quemar está permitido. Y en algunos casos, hasta premiado con la titulación de tierras fiscales ilegalmente ocupadas.
Santa Cruz es el epicentro del desastre. Solo el año pasado, 8,5 millones de hectáreas ardieron en la región. Este año no pinta distinto. La falta de una verdadera política de prevención, la ausencia de justicia para los responsables y la complicidad de un gobierno que protege a sus bases clientelares, han convertido a Bolivia en una república del fuego.
Los incendios no son accidentes. Son operaciones organizadas con fines de expansión agrícola, especulación de tierras y ocupación ilegal. Y mientras los discursos gubernamentales hablan de “regulación” y “uso planificado del fuego”, la realidad es otra: la quema es libre y la impunidad es total.
El Estado boliviano, en lugar de ser garante del patrimonio natural, se ha convertido en su principal verdugo. Un Estado que legisla para destruir, que tolera y estimula el delito, que criminaliza la defensa ambiental, y que abandona a su suerte a los bomberos, a las comunidades indígenas y a los ciudadanos que aún resisten el avance de este ecocidio.
Esto no es un problema técnico. Es un problema político y ético. Es una muestra de la profunda corrupción institucional que reina en el país. El fuego es la herramienta. El botín es la tierra. Y los cómplices tienen nombre y cargo público.
Es hora de decirlo sin eufemismos: el gobierno de Luis Arce está a punto de reeditar el desastre del 2019, del 2023, del 2024. Y lo hace con total conciencia de causa. El biocidio no es un efecto colateral. Es parte de su modelo extractivista. Su estrategia de poder.
