“De ser acertada esta narrativa, en el Chapare se encontraría el Dorado que tanto buscaron los españoles, aunque esta vez no sería dorado, sino blanco”. —Pukimon.
Chapare, del quechua chapar, tiene múltiples significados: espía, besucón, pillastre, campesino intercultural y, más recientemente, masista chapador.
La provincia Chapare, en el departamento de Cochabamba, fue creada en 1854 durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzú, con capital en Sacaba. Esta región tropical, colindante con el valle cochabambino, aún alberga pueblos indígenas originarios como los Yuquis y Yuracarés, quienes han conservado tradiciones y conocimientos ancestrales.
La colonización andina hacia tierras amazónicas se intensificó tras la crisis minera de los años 80. El cierre de minas de la COMIBOL en 1985, como parte del ajuste estructural del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, provocó un éxodo hacia el Chapare. En plena hiperinflación —más del 26.000% anual— muchos encontraron en la coca una alternativa de subsistencia frente a cultivos legales no rentables.
La coca, de fácil cultivo y buena demanda, se convirtió en el principal sostén económico. Pero el 94% de la coca chapareña no pasa por el mercado legal, según la Dirección General de Coca e Industrialización. Su comercio en dólares ofrecía refugio ante la crisis económica, aunque los beneficios no llegaban al pequeño productor. Solo ganan los grandes: sindicalistas, narcoempresarios y políticos.
Con aproximadamente 20.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca con dos cosechas anuales, se estima que el Chapare genera más de 6.700 millones de dólares al año en cocaína para el mercado internacional. Si los productores recibieran apenas el 30% de esa cifra, representarían el 20% de todas las exportaciones legales del país.
El movimiento cocalero, liderado por Evo Morales y promovido por el Socialismo del Siglo XXI, surgió como respuesta a la erradicación forzosa. Este movimiento transformó la política boliviana, pero también consolidó un modelo de poder paralelo en el Chapare.
Los estrategas del narcoestado han diseñado un plan de expansión hacia el este, en dirección a Brasil —el mayor consumidor de cocaína en América—. La toma de tierras en el corredor Chapare–Santa Cruz es parte de esa estrategia. En mayo de 2025, por ejemplo, se registraron avasallamientos en la propiedad Santa Rita, provincia Guarayos, sin respuesta efectiva del Estado.
El gobierno de Luis Arce evita enfrentar a los avasalladores, alineándose con la expansión cocalera promovida por Evo Morales, donde Arce era el "cajero". Las mafias brasileñas, como el PCC y el Comando Vermelho, ya operan en Bolivia. O Globo reportó que estos grupos poseen tierras y fábricas, pero el gobierno boliviano no ha reaccionado.
Parques Nacionales como Noel Kempff y Amboró están siendo invadidos por plantaciones de coca y modernas fábricas. El modelo narco opera como una transnacional eficiente, sin control.
Las tomas de tierras responden a una lógica de aseguramiento territorial para el día en que el MAS pierda el poder formal. Así garantizan su control fáctico, como ya ocurre en el Chapare, convertido en territorio autónomo y autárquico: Cocalandia.
Las encuestas reflejan que el MAS mantiene fuerte apoyo en sectores empobrecidos y de raíces indígenas, especialmente en El Alto, el Chapare y el corredor Santa Cruz–San Matías.
Si este modelo prospera, el Chapare habrá encontrado su Dorado: no de oro, sino blanco.
Bolivia posee una ciudadanía emprendedora, pero ahogada por políticas centralistas que bloquean exportaciones, imponen trámites e impuestos, y restringen la economía legal. Esta represión ha potenciado el narcotráfico, el contrabando y el desincentivo a la inversión sostenible.
Quienes creemos en la libertad, la democracia y una economía de mercado legal con seguridad jurídica, estamos llamados a cambiar este modelo populista y narco-cocalero promovido por el masismo.
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