La Iglesia Católica boliviana acaba de decir lo que millones de bolivianos piensan, pero pocos se atreven a gritar: el modelo económico impuesto por el gobierno de Luis Arce es un desastre. Así, sin eufemismos. Un modelo monopolista, destructor sistemático de la economía, enemigo de la propiedad privada y, por ende, sepulturero de la democracia. Es un sistema que no solo ha fracasado, sino que ha arrasado con el aparato productivo nacional y el estado de derecho.
Con una claridad que estremece, los obispos bolivianos, reunidos en su CXVI Asamblea, han pintado el retrato de un país saqueado, empobrecido y arrastrado al abismo por una élite política que confunde poder con impunidad. Han dicho que Bolivia está destrozada en su identidad cultural y social, y que las promesas de reactivación, reforma judicial y reconciliación nacional no son más que papel mojado. La realidad es un país donde la institucionalización de la mentira y el engaño ha reemplazado el debate honesto y la verdad.
La Iglesia no está exagerando. Basta ver los resultados: la economía está estancada, el aparato productivo asfixiado, los hidrocarburos desaparecidos, y las exportaciones bloqueadas. Lo que sí exportamos, sin trabas ni restricciones, es mano de obra barata y capital humano: jóvenes que se van, profesionales que huyen, familias que migran porque aquí ya no se puede vivir.
El gobierno de Arce se aferra a un modelo caduco que concentra el poder económico en manos del Estado, reprime la iniciativa privada, impone reglas discrecionales y crea un entorno de inseguridad jurídica donde invertir es un acto suicida. Por eso Bolivia se empobrece, se endeuda y se ahoga en su propia ineficiencia.
Este modelo se sostiene con demagogia, con el uso político de la pobreza y con un discurso que promete justicia mientras protege la impunidad. La reforma judicial es una burla, la reconciliación nacional una farsa y la democracia un cascarón vacío.
Duele que tenga que ser la Iglesia la que se atreva a decir lo que los partidos callan, lo que los empresarios temen, lo que los ciudadanos murmuran entre dientes. Pero alguien tenía que hacerlo. Y lo hizo con contundencia: tenemos un Estado paralizado e internacionalmente descalificado. Mejor dicho, imposible.
Este pronunciamiento eclesial no es un acto político, es un llamado moral. Una advertencia. Una alarma. Una invitación a despertar. Porque seguir por el mismo camino es suicida. Porque la mentira no puede ser política de Estado. Porque Bolivia merece más que propaganda y promesas huecas.
Frente a este escenario, la Iglesia propone una salida, y lo hace con responsabilidad: construir un pacto de unidad nacional, basado en el diálogo sincero, que deje atrás los intereses personales y sectoriales. No es ingenuidad, es sentido de urgencia. Las elecciones presidenciales de agosto son una oportunidad irrepetible para reconstruir el país, pero solo si el pueblo asume su rol con coraje y dignidad, ejerciendo su derecho al voto libre, sin presiones ni chantajes.
La Iglesia Católica boliviana afirma que las elecciones presidenciales de agosto son una oportunidad irrepetible para reconstruir el país, pero solo si el pueblo asume su rol con coraje y dignidad, ejerciendo su derecho al voto libre, sin presiones ni chantajes.
