Lilian Moreno, la jueza que anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales y que fue detenida este lunes en Santa Cruz, ya se encuentra en La Paz, donde aterrizó alrededor de las 14.00 y fue trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se espera que brinde su declaración.
La magistrada llegó hasta las instalaciones policiales de la calle Sucre de La Paz en una vagoneta guinda e ingresó directamente por la puerta de garaje, con decenas de periodistas alrededor.
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Mientras tanto, Juliana, la hija de la magistrada, difundió un video en sus redes en el que denunció que “fue secuestrada”.
“La policía la interceptó saliendo de mi domicilio, sin una orden de aprehensión, la forcejearon y acaban de llevársela a La Paz sin dar ninguna información, por favor, les pido ayuda para que esto se sepa”, expresó la menor en el mensaje.
Denunció, además, una “persecución política” en el país y defendió que la juez actuó “en el debido proceso”. “Lo que hizo no fue ilegal, pero en este país siempre se actúa así, secuestrando”, manifestó la joven en medio de lágrimas.
El pasado 30 de abril, Moreno Cuéllar, juez de Santa Cruz, emitió un fallo que anuló la orden de aprehensión contra Evo Morales que había emitido la fiscalía de Tarija, por los delitos de trata y tráfico de personas. A los dos días, otro juez de La Paz anuló la decisión.
Este lunes, el Consejo de la Magistratura anunció que la magistrada cometió “faltas administrativas gravísimas” y que actuó sin competencia, lo que podría ser motivo de destitución.
El fiscal general de Estado, Roger Mariaca, también se refirió al tema y expresó este lunes que la orden de aprehensión contra Morales por los delitos de trata y tráfico de personas y la declaratoria de rebeldía se mantienen vigentes, una vez que un juez de La Paz revocó una orden de otra juez de Santa Cruz que dispuso anular esas medidas.
Además, informó que el Ministerio de Justicia imputó a Moreno por los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y que un fiscal deberá definir si dicta prisión preventiva u otra acción judicial contra la magistrada.
