El reciente acuerdo firmado entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Gobierno, el Legislativo y los partidos políticos para garantizar elecciones libres y transparentes en 2025 no deja ninguna tranquilidad, pues sólo son buenas intenciones.
Aunque el documento de quince puntos pretende dar garantías sobre la imparcialidad del proceso electoral, la falta de mecanismos idóneos y la crisis institucional del país hacen que la transparencia sea una promesa vacía.
La confianza en el sistema electoral está totalmente erosionada por antecedentes de fraude, injerencia política y la manipulación de los órganos de poder. La firma de un acuerdo no es suficiente para garantizar elecciones limpias. Lo que se requiere son acciones concretas, marcos normativos sólidos y una independencia real del TSE, algo que el documento firmado no asegura.
Uno de los puntos más preocupantes del documento es su excesiva dependencia de la voluntad política del Ejecutivo y el Legislativo. El acuerdo menciona que se deberá aprobar una ley para que el TSE no esté subordinado a ningún otro órgano del Estado, lo que en teoría suena como un avance, pero en la práctica dependerá de un Congreso controlado por el oficialismo y marcado por divisiones internas. Si el régimen decide dilatar o modificar esta norma, el proceso electoral podría quedar condicionado a intereses políticos.
La revisión del padrón electoral, uno de los temas más sensibles en la legitimidad de los comicios, carece de garantías de auditoría independiente. Se habla de un proceso de saneamiento con la participación de universidades y organizaciones políticas, pero sin establecer cómo se evitarán manipulaciones o irregularidades. Sin un mecanismo de verificación internacional robusto, esta promesa pierde valor.
Otro punto crítico es la implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La falta de transparencia en el conteo rápido sigue siendo el punto débil y el origen de todas las sospechas de fraude, debido a lo ocurrido en 2019. Sin auditorías externas y sin observadores con acceso total al proceso, este sistema puede convertirse nuevamente en un arma de manipulación electoral
El documento también omite cualquier mecanismo efectivo para sancionar el incumplimiento de sus disposiciones. En un país donde los acuerdos políticos suelen romperse según la conveniencia del momento, la ausencia de consecuencias reales hace que este pacto sea poco más que una formalidad sin impacto real.
Para que las elecciones de 2025 sean legítimas, se requiere más que declaraciones de buena voluntad. Es imprescindible una auditoría internacional vinculante del padrón electoral, un sistema de transmisión de resultados con supervisión independiente y la garantía de que el TSE actúe con autonomía plena. Sin estos elementos, el riesgo de fraude y manipulación sigue siendo altísimo.
El régimen actual busca legitimarse con gestos simbólicos como la firma de este acuerdo, pero sin voluntad real de transformar el sistema electoral. La comunidad internacional y la sociedad civil deben mantenerse vigilantes y exigir garantías tangibles.
