El Órgano Electoral tiene la responsabilidad histórica de administrar y ejecutar todo el proceso electoral hasta el cambio de gobierno. Se trata de un Órgano independiente encargado de administrar el régimen democrático, el registro cívico, la justicia electoral, la fiscalización de organizaciones políticas y cumplir su función electoral de manera exclusiva en todo el territorio nacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior.
Tiene la misión fundamental de garantizar el ejercicio pleno y complementario de la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. En esta línea, asume el desafío no sólo de ampliar la democracia intercultural y paritaria, fundada en la complementariedad de las democracias representativa, directa participativa y comunitaria sino también la implementación de mecanismos transparentes y confiables ─como el voto electrónico, por ejemplo─, de modo que participe el ciudadano en la conformación de los poderes públicos, ejerza sus derechos políticos y se consolide el sistema democrático y participativo.
La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva. Sin embargo, sus derechos políticos se pueden suspender: 1) Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra; 2) Por defraudación de recursos públicos; 3) Por traición a la patria, en todos los casos previa sentencia condenatoria ejecutoriada (arts. 26-28).
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra los derechos políticos: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegido en elecciones periódicamente y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
Aunque la Constitución proclame la democracia “directa”, lo cierto es que promueve la democracia de corte representativa, que descansa en el protagonismo de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. Y como uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La democracia debe garantizar los derechos de las minorías, de modo que el criterio más fiable para comprobar si un país es o no libre es el grado de seguridad de que gozan las minorías que están en la oposición a la hora de mostrarse y ejercer sus derechos políticos y de fiscalización del poder. El voto ciudadano permite participar en la conformación de los poderes públicos y la elección de autoridades y representantes nacionales, departamentales, municipales, regionales, etc. Aunque se ha avanzado en este plano, aún falta todavía garantizar el voto en las áreas rurales o en ciertos barrios periféricos, donde, por ejemplo, la ciudadanía carece de documentos de identidad, no se hace la entrega del material electoral oportunamente ni se capacita a los jurados electorales.
Otro problema concreto es que mientras en otros países existe el “voto electrónico”, incluso de vota con anticipación y sin necesidad de hacer cola ni tener que paralizar el país todo un día (así sea domingo), el Órgano Electoral aún no ha tenido la capacidad de subirse totalmente a la “carretera de la información” ni utiliza las herramientas tecnológicas.
La revolución tecnológica, en este sentido, debe ser una aliada estratégica de los procesos electorales ya que permite seguir en vivo cualquier evento electoral y con ello aumenta y se fortalece la institucionalización y modernización del Estado. El desafío es generar confianza, simplificar trámites y procedimientos, cubrir etapas claves con mayor seguridad, agilidad y posibilidades de control como el manejo del padrón electoral, la transmisión de los resultados y la interacción con los ciudadanos. Con una institución confiable, en general, se puede innovar sin provocar susceptibilidades.
*Jurista y autor de varios libros.
