Lo que comenzó como una escena teatral en la plaza Murillo con blindados en posición y un general declamando arengas, ahora se consolida como el guión más burdo —pero no por eso menos peligroso— de un régimen desesperado por sobrevivir.
El caso Zúñiga no es un simple show mediático, ni una cortina de humo para tapar la corrupción o distraer de los fracasos económicos: estamos ante un intento sistemático de reescribir la historia, criminalizar a la oposición e imponer por la fuerza un modelo autoritario.
Quienes conocieron el montaje del “caso terrorismo”, el manoseado “caso Porvenir” o las acusaciones delirantes del “golpe de 2019”, saben reconocer los patrones. El MAS opera siempre igual: crea una narrativa, manipula las instituciones judiciales, inventa enemigos, y lanza una cacería.
Desde su celda, Zúñiga ha desmontado la farsa. Ha señalado con claridad que el 26 de junio no fue un intento de golpe, sino el cumplimiento de una orden presidencial. Ha dicho que el mismísimo Luis Arce le pidió mover tanquetas y tropas. Ha relatado reuniones con Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez, dos piezas clave del círculo cerrado del poder, donde se discutía la posibilidad de un “fujimorazo” a la boliviana: cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por decreto, con el respaldo de las armas.
El supuesto golpe muestra con crudeza la disposición de Arce a dinamitar el orden constitucional con tal de mantenerse en el poder. Está buscando su momento de quiebre para consolidar una dictadura respaldada por una justicia sometida y por fuerzas armadas subordinadas a las ambiciones de un partido.
El montaje documental que difundió el Gobierno —ese “Qué pasó el 26-J”— ha sido expuesto por Zúñiga como lo que realmente es: una operación de propaganda. Un show televisivo que busca preparar el terreno para una embestida judicial. Ya hay detenciones, citaciones y listas negras. Y todo esto ocurre justo cuando comienza el calendario electoral, cuando el MAS pierde hegemonía y la posibilidad de revalidarse en las urnas se desvanece. No es coincidencia. Es cálculo. Es una estrategia de demolición institucional para quedarse por la fuerza.
Si en el pasado el MAS necesitó aplastar la rebelión autonómica para consolidar su control del Estado, hoy necesita eliminar toda opción opositora que pueda encarnar el cambio.El caso Zúñiga no es una anécdota ni un error táctico. Es una advertencia. Es el preludio de una nueva fase de persecución. Y es, también, una muestra más de que el Gobierno está dispuesto a incendiar el país con tal de no entregar el poder.
La oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional no pueden caer nuevamente en la trampa del “relato oficial”. Ya no estamos ante errores, excesos o desbordes: estamos frente a un régimen que ha cruzado todas las líneas. Y el silencio, la ambigüedad o la indiferencia solo serán interpretados como permiso para seguir bombardeando la democracia.
Todo esto ocurre justo cuando comienza el calendario electoral, cuando el MAS pierde hegemonía y la posibilidad de revalidarse en las urnas se desvanece. No es coincidencia. Es cálculo. Es una estrategia de demolición institucional para quedarse por la fuerza.
