Luis Arce ya comenzó a ejecutar un plan para anular las elecciones generales del 17 de agosto. El libreto es viejo. Lo aplicó con las elecciones judiciales, que se postergaron sin pudor, se sabotearon desde dentro y terminaron generando una aberración jurídica: jueces autoprorrogados, sin mandato, sin legitimidad, sin escrúpulos, pero con el poder absoluto de decidir el destino político del país desde el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La nueva jugada lleva la firma de Israel Huaytari, operador político del “arcismo” y ex presidente de la Cámara de Diputados. Este personaje, íntimamente ligado al entorno de Arce, presentó un recurso de inconstitucionalidad para introducir a última hora una supuesta “paridad de género” en los binomios presidenciales. No se trata de una reivindicación justa ni de una demanda ciudadana, sino de una trampa para paralizar, modificar o, en última instancia, anular el proceso electoral.
La maniobra es grotesca. No hay base constitucional ni antecedente jurídico que avale la paridad de género en cargos uninominales como la Presidencia o Vicepresidencia. La Constitución es clara: en sus artículos 166 y 167 establece los requisitos y formas de elección, sin mencionar esa exigencia. Pero el objetivo real no es la equidad, es el sabotaje.
El TCP, aún controlado por los jueces mercenarios, es el terreno fértil donde puede germinar esta aberración legal. El TSE, debilitado y sin respaldo político ni institucional, apenas resiste los embates y no tiene poder para defender el calendario electoral si no se respeta el principio de preclusión.
El MAS ya no tiene el respaldo popular necesario para sostenerse por la vía democrática. Ni con fraude podría ganar en las urnas. Las encuestas, la calle, el hartazgo ciudadano lo demuestran. Arce no tiene pueblo ni narrativa. Solo le queda el aparato del Estado, la manipulación del sistema judicial y la violencia institucionalizada.
Lo que está en juego no es solo una elección. Es el principio básico de soberanía popular. Es el derecho del pueblo boliviano a decidir quién gobierna Si se permitiera que esta artimaña avance, se sentará un precedente peligroso: que cualquier argumento, por más absurdo que sea, puede ser usado para anular el voto y secuestrar la democracia.
El TSE ha sido claro: si se introduce un cambio al calendario electoral, si se modifica la convocatoria o se paraliza el proceso, ya no hay tiempo para reponerlo antes del 6 de noviembre, fecha límite constitucional para el cambio de gobierno. Y eso dejaría abierto el camino para otra prórroga, esta vez presidencial. ¿Y qué haría el TCP? ¿Volvería a “legalizar” lo ilegal, como ya hizo con los jueces autoprorrogados?
Bolivia está al borde de una ruptura institucional definitiva. Si permitimos que esta jugada prospere, si el pueblo no se moviliza, si la comunidad internacional no alza la voz, estaremos legitimando el fin del voto como instrumento democrático. Y estaremos aceptando que una cúpula corrupta decida, una vez más, que el poder no se gana en las urnas, sino en las oficinas del Tribunal Constitucional.
La dictadura ya no disimula. Ha empezado la ofensiva final para quedarse sin elecciones. Y esta vez, el disfraz no alcanza para cubrir la brutalidad del plan.
