El reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) marca un punto de inflexión en el papel de la Iglesia dentro del debate público y económico del país. Su manifiesto no solo denuncia con claridad la profundidad de la crisis que atraviesa Bolivia, sino que también se aventura en un terreno poco explorado por el clero en tiempos recientes: la formulación de propuestas económicas concretas.
Con un tono firme y realista, los obispos han dejado a un lado visiones tradicionales surgidas de la doctrina social de la iglesia para exigir un cambio de modelo económico, una postura que contrasta con el discurso gubernamental y que pone sobre la mesa soluciones audaces y necesarias.
Históricamente, la Iglesia ha sido un actor social con gran influencia en Bolivia, pero pocas veces ha tomado una posición tan pragmática en temas económicos. En esta ocasión, no se limita a señalar los problemas de la escasez de combustible, el aumento de precios o la reducción de reservas de divisas, sino que plantea soluciones estructurales que desafían el esquema vigente.
Entre las medidas propuestas destacan la importación de crudo libre de impuestos para mitigar la crisis energética, la reducción del gasto público como mecanismo para equilibrar las finanzas estatales, el impulso a las exportaciones como vía de crecimiento y el fortalecimiento de la inversión privada como motor de desarrollo. Sin duda, la propuesta más audaz es el llamado a abandonar el modelo económico basado en la redistribución y sustituirlo por uno enfocado en la generación de riqueza, un cambio de paradigma que difícilmente el gobierno masista estará dispuesto a considerar.
Luis Arce ha intentado paliar la crisis con medidas de poco alcance, mientras que Iglesia hace un llamado urgente a la acción, desafiando la narrativa oficial que busca presentar la crisis como un fenómeno transitorio y manejable. Los obispos dejan en claro que el país enfrenta una crisis estructural que requiere cambios de fondo.
El mensaje refleja también la crisis que actúa como telòn de fondo: una ciudadanía que cada vez confía menos en sus instituciones, con una oposición política fragmentada y la sociedad civil debilitada.
El pronunciamiento de la CEB deja claro que la Iglesia boliviana no está dispuesta a ser un mero espectador de la crisis. Con una actitud valiente y realista, ha pasado del diagnóstico a los hechos, ofreciendo soluciones concretas y desafiando al gobierno a asumir su responsabilidad con reformas profundas.
En un país donde la política suele estar marcada por la polarización y la confrontación, la voz de la Iglesia podría convertirse en un punto de consenso para quienes buscan alternativas reales a la crisis. El reto ahora es que este llamado no quede en palabras, sino que impulse un debate serio sobre el rumbo económico de Bolivia. Porque, como bien señala el título del comunicado episcopal, “a grandes males, grandes soluciones”.
Luis Arce ha intentado paliar la crisis con medidas de poco alcance, mientras que Iglesia hace un llamado urgente a la acción, desafiando la narrativa oficial que busca presentar la crisis como un fenómeno transitorio y manejable. Los obispos dejan en claro que el país enfrenta una crisis estructural que requiere cambios de fondo.
