El gobierno de Arce finalmente admitió que no tiene dólares para comprar gasolina y diésel. Pero en vez de quitarse del camino y dejar que el sector privado busque una solución, insiste en entrometerse para hacer todo más difícil. Si de verdad quisieran evitar el colapso económico hoy mismo liberarían la importación y comercialización de combustibles: sin aranceles, sin trámites absurdos, sin impuestos asfixiantes. Así, el combustible llegaría a un precio razonable y la economía no terminaría en coma. Pero claro, eso sería demasiado lógico para la irracionalidad con la que funciona el estado. En su lugar, el gobierno se ofrece como "amable" intermediario para vender combustible con sobreprecio a agropecuarios y mineros, asegurándose de que solo sus amigos se beneficien. ¿Y el resto de la gente? Transportistas y ciudadanos pueden seguir soñando con un suministro estable mientras el régimen mantiene su esquema de subsidios selectivos, perfecto para la corrupción y el tráfico de influencias.