Bolivia vuelve a superar las 30.000 hectáreas de cultivos de coca, y lejos de estabilizarse, la producción continúa expandiéndose hacia zonas no tradicionales como el norte de Santa Cruz y áreas protegidas. Este fenómeno pone en evidencia la incapacidad del gobierno para controlar la situación y la creciente complicidad de las autoridades.
El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) confirma lo que ya se sospechaba: en 2023, Bolivia registró un incremento del 4% en los cultivos de coca, alcanzando las 31.000 hectáreas. El país supera en 9.000 hectáreas el límite legal establecido por la Ley 906, que permite hasta 22.000 hectáreas. Más alarmante aún es el crecimiento en regiones no tradicionales, con la provincia de Ichilo en Santa Cruz aumentando su superficie de coca en un 121% en solo un año.
El gobierno de Luis Arce intenta minimizar la gravedad del problema, alegando que los cultivos se encuentran "estables", pero las cifras dicen lo contrario. Mientras la erradicación oficial acumuló 33.788 hectáreas entre 2021 y 2023, la producción sigue en aumento.
Este descontrol se agrava con la ausencia de vigilancia en las fronteras, la presencia de narcotraficantes en parques nacionales y la consolidación del Chapare como un territorio prácticamente autónomo para la producción de coca.
La Unión Europea ha manifestado su preocupación, pues luego de haber invertido más de 225 millones de euros en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, los resultados son cada vez más desalentadores. Ha señalado específicamente el aumento del 34% en cultivos de coca dentro de áreas protegidas, lo que representa una amenaza no solo para la lucha contra el narcotráfico, sino también para la biodiversidad del país.
El retraso en la presentación de los informes de monitoreo de cultivos de coca también genera suspicacias. En años anteriores, estos reportes se entregaban en el segundo semestre del año, pero en esta ocasión se ha presentado con un año de retraso. Este manejo poco transparente alimenta la percepción de que el gobierno busca ocultar el verdadero alcance del problema.
En comparación con otros países de la región, Bolivia sigue estando rezagada en sus esfuerzos de control de cultivos ilícitos. Mientras que Colombia y Perú han implementado estrategias más rigurosas, Bolivia ha permitido que sus cultivos crezcan un 27% en los últimos 20 años. El incumplimiento de la Ley 906 y la permisividad estatal son señales de una crisis que podría desembocar en sanciones internacionales y una mayor desconfianza de los organismos de cooperación.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por maquillar la situación, los hechos no se pueden esconder: la coca en Bolivia sigue siendo intocable. Los cultivos excedentarios, lejos de disminuir, aumentan sin control, la producción se desborda a áreas protegidas y las fronteras son tierra de nadie. La ONU y la UE pueden seguir manifestando su preocupación, pero mientras no haya una voluntad real del gobierno para frenar esta expansión, Bolivia continuará siendo un paraíso para el narcotráfico.
