El debate sobre el rol del Estado ha cobrado una renovada relevancia en Bolivia y en el mundo entero. La irrupción de figuras como Javier Milei ha forzado a políticos de todas las tendencias a reconsiderar la función del aparato estatal en la economía.
En Bolivia, incluso representantes del oficialismo, como Andrónico Rodríguez, cómplice de la calamidad que nos ha legado el MAS, han comenzado a hablar de un cambio en el rol del Estado, aunque con matices peligrosos que pueden seguir perpetuando el problema central: la asfixiante intervención estatal en la vida productiva.
La discusión no puede reducirse únicamente a si el Estado debe ser grande o pequeño en términos de burocracia.
Un Estado pequeño pero hiperregulador puede ser incluso más letal para la economía que uno grande y derrochador. La clave está en cambiar el paradigma, en desmantelar la estructura estatal que impide el crecimiento del sector privado y en devolver a los ciudadanos la capacidad de generar riqueza sin obstáculos ni expoliaciones.
Durante casi dos décadas, el modelo de gobierno masista ha consolidado un Estado hipertrofiado, voraz en el gasto público e ineficiente en la prestación de servicios. Se ha instalado la falsa premisa de que el crecimiento estatal garantiza el bienestar social. En realidad, el efecto ha sido el contrario: más impuestos, más regulaciones y un aparato burocrático que ha hecho de la corrupción su principal motor.
El problema no es solo el tamaño del Estado, sino su naturaleza parasitaria. En lugar de facilitar el desarrollo, el Estado boliviano se ha convertido en un obstáculo para el sector productivo. Desde la interminable tramitología hasta la injerencia en mercados estratégicos, el gobierno ha limitado la capacidad de los emprendedores para innovar y prosperar. Y mientras más recursos se destinan a mantener una estructura estatal ineficiente, menos recursos quedan para inversión privada, infraestructura de calidad y generación de empleo genuino.
Bolivia necesita un Estado que se limite a garantizar el orden, la seguridad y la justicia. No necesita un Estado empresario, un Estado regulador en exceso ni un Estado que funcione como una maquinaria de saqueo para sostener a una élite política y a una burocracia improductiva.
Un Estado funcional debe asegurar la estabilidad institucional y jurídica para que la inversión privada prospere. En lugar de intervenir en la economía, debe reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas para facilitar la creación de empresas y empleo. Bolivia necesita menos ministerios, menos regulaciones y un sistema tributario simplificado que fomente la inversión en lugar de castigarla.
Cada boliviano paga con su trabajo los excesos de una administración que gasta sin control. Obras faraónicas sin utilidad, empresas estatales deficitarias y sueldos exorbitantes en la burocracia han sido la norma durante años. Reducir el tamaño del Estado implica cortar estos privilegios y devolver esos recursos a los ciudadanos.
Uno de los errores en el debate actual es asumir que un Estado "pequeño" pero con un alto nivel de regulación es una solución aceptable. Nada más lejos de la realidad. El exceso de regulaciones puede ser tan letal como un Estado gigante. Bolivia necesita menos controles arbitrarios y más libertad para producir, exportar e innovar sin estar sometidos al capricho de burócratas y normativas asfixiantes.
