Bolivia ha alcanzado un nuevo punto crítico en su lucha contra la corrupción, o más bien, en su falta de interés por combatirla. El informe de Transparencia Internacional confirma lo que ya es evidente: el país se hunde en la impunidad, la desinstitucionalización y el descontrol del manejo público.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, Bolivia obtuvo su puntuación más baja en 12 años: 28 sobre 100, ubicándose en el puesto 133 de 180 países. En 2014, había logrado 35 puntos, pero desde entonces ha caído de forma constante, consolidando un sistema que premia el abuso de poder y la falta de transparencia. En América Latina, solo supera a Venezuela (10 puntos), Haití (16) y Nicaragua (14). Mientras tanto, países como Uruguay (76), Chile (63) y Costa Rica (58) demuestran que es posible construir instituciones sólidas.
El gobierno de Luis Arce es cómplice de este deterioro. Los escándalos en su entorno familiar y la falta de esclarecimiento reflejan un Estado sin rendición de cuentas. Las instituciones han sido convertidas en feudos donde las irregularidades se encubren y los delitos quedan impunes. El sistema político ha normalizado la corrupción, dejando a la ciudadanía sin herramientas efectivas para exigir transparencia y justicia.
La policía, lejos de ser un bastión contra el crimen, está infiltrada por redes corruptas. Las conexiones entre altos mandos y organizaciones delictivas han convertido la seguridad ciudadana en una farsa. Mientras tanto, ministerios y organismos estatales son manejados por grupos de poder sin consideración por la meritocracia. Los cargos públicos se asignan por lealtades políticas, perpetuando la incompetencia y el abuso. Las reformas necesarias para sanear estas estructuras son bloqueadas sistemáticamente.
La descomposición institucional se acelera. La justicia ha quedado reducida a un mecanismo de persecución política, donde el debido proceso es inexistente y la legalidad se manipula según los intereses de quienes detentan el poder. Con jueces y fiscales sometidos a presiones políticas, el ciudadano común queda indefenso ante un sistema judicial que opera más como herramienta de venganza que como garante de derechos. El debilitamiento del estado de derecho favorece a los corruptos, dejando sin castigo los delitos de cuello blanco.
La economía del crimen prospera en este contexto. Desde el narcotráfico hasta el contrabando y la corrupción en la adjudicación de contratos estatales, el gobierno no solo es incapaz de frenar estas actividades, sino que parece favorecerlas. Además, la corrupción impacta el medioambiente, alimentando delitos ecológicos y frenando la lucha contra el cambio climático en la región. La explotación ilegal de recursos naturales es facilitada por la impunidad de las redes de poder.
Bolivia está atrapada en un sistema que normaliza la corrupción y castiga la transparencia. Sin una voluntad real de cambio, el país seguirá hundiéndose en el fango de la impunidad, con instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más vulnerable. La regeneración institucional requiere una sociedad movilizada, dispuesta a exigir responsabilidad y transparencia a sus gobernantes.
