Al menos Jacob ofreció un plato de lentejas por el reino de Israel; Chile tuvo la “decencia” de pagar con un tren lo que obtuvo a la fuerza y a Melgarejo le dieron un hermoso caballo a cambio de una parte del territorio boliviano. Los chinos no nos darán ni siquiera eso por el litio boliviano, sino todo lo contrario, pues el contrato que se discute en el parlamento es, sin duda alguna, el más vendepatria, servil y rastrero del que se tenga memoria.
El contrato aprobado en la Cámara de Diputados en medio de acusaciones de sobornos es un acto de traición sin precedentes. Las condiciones impuestas en el acuerdo con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited y la rusa Uranium One Group son descaradamente desfavorables para Bolivia: el Estado boliviano deberá devolver más de 2.000 millones de dólares en inversiones, más intereses y compensaciones por inflación, sin ninguna garantía de ingresos rentables a futuro.
El despojo es evidente. Las empresas extranjeras gozarán de un control casi absoluto sobre las operaciones y comercialización del litio y para colmo las proyecciones económicas sobre las cuales se han basado los contratos son totalmente irreales. Se pretende justificar la inversión con un precio del litio de 30.000 dólares por tonelada, cuando el valor actual del mercado es de apenas 10.000 y se espera que no supere los 17.000 en la próxima década. Este error de cálculo, si es que puede llamarse así y no un fraude deliberado, compromete gravemente las finanzas del país y reduce las posibilidades de obtener beneficios reales de la explotación.
Las objeciones planteadas por expertos, organizaciones ambientales y economistas son alarmantes. Los contratos incluyen cláusulas que minimizan los riesgos de las empresas extranjeras y los transfieren íntegramente al Estado boliviano, que además deberá pagar patentes a los chinos y rusos por tecnologías cuya efectividad aún no está comprobada. Tampoco hay claridad sobre el destino de los subproductos del litio, ni garantías de que las empresas cumplan con normativas ambientales estrictas. Peor aún, el contrato con la firma china impone penalidades absurdas a Bolivia si no puede cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual, dejando al país en una posición de absoluta subordinación.
La corrupción que rodea la aprobación de estos acuerdos es otro escándalo. Legisladores de oposición han denunciado pagos de hasta 10.000 dólares por voto para validar el contrato en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados. El oficialismo, en lugar de responder con transparencia, ha optado por descalificar cualquier crítica como una simple maniobra política. Mientras tanto, el pueblo boliviano observa cómo se consuma un acto de entrega sin precedentes, donde ni siquiera se ha consultado a las comunidades indígenas afectadas por la explotación.
El saqueo del litio en Bolivia es un crimen de Estado. Mientras países como Chile y Argentina avanzan en modelos más equitativos y sustentables para la explotación de este recurso, Bolivia se encamina a repetir la historia de saqueo y expolio que ha marcado su destino desde la colonia.
Si este contrato se consuma, el gobierno del MAS habrá sellado su legado como el más vendepatria de la historia de Bolivia. Y en el futuro, cuando los bolivianos se pregunten cómo fue que el país perdió la oportunidad de ser un gigante en la industria del litio, la respuesta está clara: por la traición de sus propios gobernantes.
