Bolivia se encuentra nuevamente en una situación de mendicidad, pidiendo préstamos en todas direcciones y acumulando problemas debajo de la alfombra. De acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el nivel de endeudamiento ha superado cualquier margen de sostenibilidad, alcanzando el 84% del Producto Interno Bruto (PIB). Los datos contradicen radicalmente lo que repite el gobierno, que asegura todos los días que todavía existe mucho margen para seguir “entrampando” al país.
El FMI ha lanzado una seria advertencia sobre el continuo endeudamiento interno, impulsado principalmente por préstamos del Banco Central de Bolivia (BCB) a empresas estatales y otras instancias gubernamentales. Estas prácticas han generado una burbuja fiscal que amenaza con estallar en cualquier momento. Los organismos internacionales señalan que las políticas actuales son inviables y que se requiere con urgencia un ajuste fiscal para evitar un colapso financiero de proporciones catastróficas.
A pesar de la evidente crisis, el presidente Luis Arce se mantiene en un estado de negación, minimizando la gravedad del problema y apostando por estrategias que han demostrado ser un fracaso.
Del total de la deuda pública, el 30% corresponde a deuda externa, mientras que el 56,6% proviene de deuda interna. El país se está financiando con préstamos del propio sistema financiero nacional, debilitando sus reservas y limitando el margen de maniobra en caso de una crisis cambiaria.
El informe del FMI menciona expresamente la falta de dólares en el Banco Central, lo que pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones internacionales. En otras palabras, Bolivia está al borde del default o impago d e su deuda externa debido a la escasez crónica de reservas.
A pesar de semejante panorama tan crítico, Arce sigue dilapidando recursos en proyectos inservibles y empresas estatales deficitarias. Continúa financiando a empresas estatales con dinero que el país no tiene, perpetuando un círculo vicioso de endeudamiento.
El escenario es desolador: sin reservas internacionales, con una economía altamente subsidiada y un gobierno que se niega a aceptar la realidad, Bolivia está al borde de una crisis sin precedentes. El FMI ha recomendado una combinación de ajuste fiscal y devaluación para corregir el desequilibrio externo y permitir la acumulación de reservas. Sin embargo, estas medidas requieren voluntad política y decisiones difíciles que el actual gobierno parece incapaz de tomar.
El tiempo se agota y las señales de deterioro son cada vez más evidentes. Mientras Luis Arce siga apostando por el endeudamiento descontrolado y el despilfarro de recursos en proyectos ineficientes, el futuro económico de Bolivia se torna cada vez más incierto. La población boliviana, por su parte, observa con preocupación cómo el país avanza hacia un punto de no retorno, donde las consecuencias del colapso serán pagadas por todos.
