Estamos entrando en un periodo de campaña para la elección del Presidente. Consideramos necesario sugerir algunas propuestas que creemos esenciales para el desarrollo del país:
Siendo Bolivia un país con una de las velocidades de conexión a internet más bajas de la región, solo superando a Haití, Surinam, Venezuela y Cuba, el acceso a una banda ancha rápida sigue siendo muy desigual para los bolivianos en comparación con otros ciudadanos del mundo. Por esta razón, debemos permitir y liberar el mercado de proveedores para que empresas como Starlink puedan ofrecer sus servicios. El internet no puede ser lento y caro. Esta apertura económica permitirá que bajen los precios y aumente la calidad del servicio.
El acceso libre y eficiente a las redes digitales debe estar acompañado de la eliminación de normativas legales e instituciones que representan barreras y trabajos burocráticos para el ingreso de pasarelas de pago como PayPal y otras. Más bien, la normativa debe actualizarse a los nuevos requisitos de pagos digitales. Esto permitirá que los bolivianos puedan recibir y enviar dinero, realizar transacciones y recibir remesas de manera libre y en la moneda de su preferencia.
Siguiendo el ejemplo de El Salvador, Bitcoin debería ser declarada moneda de curso legal, con poder liberatorio e ilimitado para cualquier transacción que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deseen realizar.
El Estado debería considerar seriamente tener reservas estratégicas en Bitcoin y acumularlo de inmediato. Asimismo, debería explorar la posibilidad de minarlo utilizando energía sostenible.
El tipo de cambio de cualquier moneda o criptoactivo debe ser establecido libremente por el mercado. Además, se debería eliminar el monopolio de la emisión de la moneda oficial del Banco Central, permitiendo libertad contractual en las transacciones con cualquier tipo de valor, bien fungible o moneda que los contratantes elijan.
Actualmente, la AGETIC utiliza tecnología blockchain en el trámite de renovación de credenciales de abogados. De manera similar, los trámites en instituciones como Derechos Reales, Catastro Municipal, licencias de funcionamiento económico, trámites en Tránsito de la Policía, registros notariales, entre otros, deben realizarse utilizando la tecnología blockchain y pagos digitales. Esto permitiría combatir la corrupción y simplificar la burocracia.
Los títulos de propiedad y su registro deben integrarse en un sistema basado en blockchain. Esto es crucial para la defensa de la propiedad privada tanto urbana como rural, originaria y campesina, facilitando el acceso a capital mediante la venta, compra, alquiler, hipoteca, etc., de manera eficaz, segura y económica. Esta medida eliminaría la desigualdad existente en el uso del suelo.
Asimismo, siguiendo el ejemplo de El Salvador, se debería implementar una exención total de tributos, tasas, patentes y licencias de funcionamiento para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades comerciales en sectores productivos relacionados con, al menos, uno. de los siguientes rubros:
a) Programación, gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o software.
b) Desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube, análisis masivo de datos, inteligencia artificial, tecnología de registro distribuida, soluciones de ciberseguridad y computación cuántica.
c) Tecnologías relacionadas con la fabricación de piezas, materiales, equipos, ensamblaje, fabricación de equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados.
d) Ingeniería y tecnologías de sistemas necesarios para integrar tecnologías industriales básicas a cadenas productivas globales.
e) Nuevas fuentes de generación y almacenamiento de energía que no estén presentes en la matriz energética nacional, sujetas a las autorizaciones y concesiones correspondientes.
f) Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
También se debería otorgar una exención de aranceles aduaneros para la importación de bienes, insumos, maquinaria, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades mencionadas.
La libertad fiscal para los puntos anteriores debería otorgarse por un período de quince años.
Siendo el desarrollo tecnológico y su acceso un bien protegido por la Constitución, deben eliminarse todas las leyes perjudiciales que sean contrarias a estos objetivos.
