En un capítulo sin precedentes de la política boliviana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sellado un pacto que promete dar "certidumbre" electoral al país. Pero, como bien sabemos los bolivianos, cuando las palabras bonitas llegan desde el poder, suelen estar cargadas de segundas intenciones. Lo que realmente han hecho es encender las alarmas sobre el futuro democrático de Bolivia: una maquinaria diseñada para consolidar el poder masista en unas elecciones que serán cualquier cosa menos transparentes.
El acto coordinado entre el TCP y el TSE no es solo un ataque a la independencia institucional, sino una amenaza directa a la misma democracia. Por primera vez en nuestra historia, vemos un Tribunal Constitucional prorrogado dictando normas al Órgano Electoral, una instancia que debería operar con autonomía. Pero aquí, como en un circo político bien ensayado, las instrucciones parecen venir directamente del presidente Luis Arce Catacora. Su mensaje es claro: "Garantizamos nuestra continuidad, cueste lo que cueste".
¿Una elección a medida del poder ejecutivo?
Es la pregunta que deberíamos hacernos respecto a las elecciones generales programadas para el 10 de agosto de 2025. En esa fecha, Bolivia afrontará un escenario desolador. Lejos de ser una fiesta democrática, estas elecciones serán la coronación de un modelo político diseñado para manipular resultados y perpetuar el poder del oficialismo. El cronograma, anunciado con aire triunfalista, es en realidad un manual de impunidad. Desde la promulgación de una cuestionada Ley de Escaños, que ignora el crecimiento poblacional de regiones clave como Santa Cruz, hasta el control absoluto del TCP sobre la "celeridad y oportunidad" de los procesos electorales, todo apunta a un resultado previamente calculado.
El punto más alarmante de este pacto TCP-TSE radica en la promesa de "resolver rápidamente" cualquier asunto relacionado con las elecciones. Traducido al lenguaje real: suspender elecciones, invalidar candidaturas opositoras o aplicar arbitrariedades judiciales a conveniencia del oficialismo. El TCP, con su mandato prorrogado y legitimidad cuestionada, se convierte en el árbitro absoluto, mientras el TSE funge como su brazo operativo.
Los cómplices serviles del TSE con el presidente Arce
El papel del TSE en esta trama no es menor. Tres de sus vocales, abiertamente alineados con el gobierno, han firmado un documento que no solo evidencia su bajeza, sino que los coloca como los facilitadores de una elección controlada.
Su complicidad con el Poder Judicial, manejado desde las oficinas del Poder Ejecutivo, es un insulto a la voluntad popular. Esta situación desnuda la falta de independencia y transparencia de este órgano electoral. En lugar de ser pilares de confianza para el pueblo, lamentablemente se están convirtiendo en meras decoraciones discursivas.
"El silencio ciudadano es el mayor riesgo"
El pacto TCP-TSE no solo pone en jaque la legitimidad de las elecciones de 2025, sino que amenaza con consolidar un sistema donde las reglas del juego se adaptan al capricho de quienes detentan el poder. La pasividad ciudadana frente a este atropello sería un error histórico. La renuncia de los responsables de este acuerdo debe convertirse en una exigencia nacional. Porque lo que está en juego no es solo una elección, sino el futuro democrático del país.
Lo que hemos visto pasivamente en los medios es una llamada a la acción. Es momento de que Bolivia despierte de su letargo cívico. Este pacto es una muestra más de cómo las instituciones que deberían defender la democracia son utilizadas para mantener el control de una élite política desconectada de las verdaderas necesidades del pueblo. No se trata solo de denunciar; se trata de actuar. La lucha por una democracia genuina requiere una ciudadanía activa que no se conforme con espectáculos baratos disfrazados de gobernabilidad.
Los llamados a la protesta deben surgir de los diversos comités cívicos a nivel nacional.
Gracias a Dios, el Comité Cívico Pro Santa Cruz cambiará un directorio que se distinguió por su cobardía y pasividad durante los últimos dos años. Todos sospechan de los estrechos vínculos del presidente actual con la ministra de la Presidencia, vínculos que incidieron en su desprestigio de una manera nunca vista.
Agustín Zambrana es el candidato que más apoyo popular tiene. Por otro lado, Cheyo Cochamanidis es el elegido del grupo de poder que busca asumir la presidencia, sin importarles que sea parte del directorio actual que carece totalmente de apoyo ciudadano. Es una clara muestra de intereses personales que van en contra de los intereses colectivos de un departamento que alguna vez se regocijaba de tener una institución cívica que hacía temblar a cualquier gobierno. Una gran batalla se avecina.
Cualquiera que sea elegido presidente deberá asumir inmediatamente la defensa de la democracia y convocar al pueblo a exigir que no haya interferencia de los poderes del Estado en el poder electoral.
En otras palabras, el 2025 podría ser el año en que Bolivia pierda su última oportunidad de reconstruir una democracia real. Unas elecciones controladas por un TSE servil y un TCP prorrogado son el inicio de un camino sin retorno hacia un autoritarismo disfrazado de legalidad.
Es hora de dejar claro que el poder no pertenece a unos pocos, sino a todos los bolivianos. La gravedad de los hechos aquí descritos es una llamada a una mayor conciencia ciudadana frente a los riesgos que plantea este escenario político-electoral.
