En el contexto de las elecciones presidenciales de 2025, el panorama político boliviano vuelve a verso envuelto en controversias relacionadas con la falta de transparencia y cumplimiento de la normativa constitucional. Tanto Evo Morales, inhabilitado por una sentencia constitucional, como Chi Hyun Chung, quien fue candidato en 2020, se enfrentan a un debate legal y ético que pone en tela de juicio la legitimidad de las decisiones del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Chi nació en Corea del Sur el 7 de marzo de 1970, en el seno de una familia evangélica. A sus 54 años, este hombre de fervor inquebrantable contra el aborto, la corrupción y el colectivo LGTB, se perfila como el salvador de los valores cristianos en Bolivia. Según diversas encuestas digitales, cuenta con un 10 % de simpatía, un porcentaje casi igual al de los candidatos de la nueva alianza de izquierda conformada por Unidad Nacional y el Frente de Izquierda Revolucionaria, así como de los candidatos del gobierno, como Manfred Reyes Villa. y el propio Arce Catacora.
Se autodenomina líder de una cruzada contra los viejos políticos y contra los sistemas que, según él, han moldeado al país: el comunismo, el socialismo del siglo XXI e incluso el nepotismo. Sin embargo, aquí surge una ironía notable: el "buen pastor" parece caminar más cerca de los lobos disfrazados de corderos que de sus propias ovejas, ya que mantiene una alianza, aunque lo niegue, con el cuestionado MAS cruceño liderado por Jhonny “Tongo”. ” Fernández y su partido, UCS, conocido por producir tránsfugas políticas.
Curioso, ¿no? Este candidato, que promete erradicar la corrupción y desmantelar al gobierno, parece aliado con personajes que encarnan todo lo que dice combatir. Es casi como si estuviera leyendo un guion escrito por el propio diablo... o al menos por un asesor político muy astuto.
Ahondemos en el plano jurídico para analizar las irregularidades cometidas por los vocales del OEP en 2020, muchos de los cuales aún ejercen como vocales, lo que los convierte en los mayores enemigos de unas elecciones transparentes en 2025.
La habilitación de Chi Hyun Chung no solo fue un error administrativo, sino una violación directa al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), que otorga primacía a la Constitución sobre cualquier norma o acto administrativo. Este precedente representa un golpe a la credibilidad del sistema electoral y plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad y profesionalismo de las autoridades electorales.
El artículo 167 de la CPE establece que, para postular a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, es requisito haber nacido en territorio boliviano. Chi Hyun Chung nació en Corea del Sur, lo que lo inhabilita constitucionalmente para ocupar dichos cargos, independientemente de su posterior nacionalización boliviana.
La Ley N.º 026 de Régimen Electoral, en su artículo 7, obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos legales y constitucionales para la habilitación de candidatos. Sin embargo, la omisión del TSE de fiscalizar adecuadamente este requisito en 2020 evidencia una preocupante negligencia institucional. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema que permite transgresiones de esta magnitud?
El principio de supremacía constitucional estipula que cualquier acto que no cumpla con los requisitos constitucionales es nulo de pleno derecho. Esto genera una preocupación mayor, ya que las elecciones de 2020 pueden ser vistas como un evento que tuvo consecuencias nefastas para nuestra democracia.
La falta de transparencia en esas elecciones no solo afecta la percepción pública del proceso electoral, sino que también genera dudas sobre la legitimidad de las autoridades electas. La habilitación de Chi Hyun Chung, a pesar de su evidente inconstitucionalidad, establece un precedente peligroso que pone en riesgo los valores democráticos del país.
El caso de Evo Morales, inhabilitado para postularse en 2025 por una sentencia constitucional, refleja otro capítulo en la falta de control institucional. Estas situaciones no son aisladas; forman parte de un patrón que parece consolidarse con el tiempo, donde la normativa se aplica de manera selectiva y conveniente. Es fundamental evitar que estos personajes aparezcan habilitados nuevamente este año.
Las autoridades electorales, como garantías de la democracia, tienen la responsabilidad de corregir estos errores y restaurar la confianza ciudadana. Declarar la inconstitucionalidad de cualquier candidatura presidencial que no cumpla los requisitos establecidos por la CPE es un paso necesario. Además, se deben implementar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución en futuros procesos electorales y aplicar sanciones administrativas contra los responsables de las irregularidades del pasado.
Bolivia necesita un sistema electoral transparente, con autoridades comprometidas con los principios constitucionales y libres de intereses políticos. Solo a través de un liderazgo ético y una justicia independiente se podrá reconstruir la confianza en las instituciones y en el futuro del país.
Es hora de que los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, asuman su responsabilidad en fortalecer la democracia y que los ciudadanos exijan procesos electorales justos, transparentes y apegados a la ley. Recordemos que, sin transparencia electoral, no hay democracia. La Constitución no es opcional, y los actores políticos deben rendir cuentas al pueblo, no a sus intereses.
Un sistema electoral sin integridad es una puerta abierta a la desconfianza y al colapso de la democracia. La democracia se desmorona cuando la ley se convierte en herramienta de conveniencia y no en pilar de justicia.
