Luis Arce no cesa de victimizarse, clamando que es blanco de sabotajes internos hacia su gobierno. Pero resulta evidente que el principal boicoteador de su administración y del país en general, es el propio mandatario. Sus políticas no solo han exacerbado la crisis, sino que también empobrecen cada día a los bolivianos y hunden al país en un caos económico e institucional sin precedentes.
Bolivia sufre bajo el peso de un aparato
burocrático elefantiásico que consume gran parte del patrimonio nacional. En lugar
de racionalizar los gastos y optimizar los recursos, Arce insiste en
multiplicar las empresas estatales, pese a que arrojan pérdidas cuantiosas.
Arce boicotea a cada instante con medidas
que representan un obstáculo permanente para el sector productivo. El control
de precios, la prohibición de exportaciones y la extorsión a productores a
través de incautaciones y amenazas de confiscación son ejemplos claros de una
política hostil hacia quienes generan empleo y riqueza. En contraposición, el
régimen insiste en endeudar al país para financiar proyectos improductivos.
Este modelo es insostenible y condena a Bolivia a un futuro de mayor pobreza.
El gobierno insiste en una clara
hostilidad hacia el sector privado y las inversiones extranjeras. Con una Constitución
y leyes que desalientan la atracción de capitales y con un discurso que
criminaliza a quienes apuestan por Bolivia, el país ha perdido credibilidad en
los mercados internacionales. Es difícil imaginar que alguien quiera invertir
en un entorno tan adverso, donde el riesgo de ser perseguido o asfixiado por la
burocracia es latente.
En un intento desesperado por paliar la
escasez de alimentos, el gobierno propone incrementar las importaciones de
productos como arroz y trigo. Esta medida es paradójica, ya que por un lado se
hostiliza a los productores cruceños —clasificándolos de
"extranjeros"—, mientras que por otro se beneficia a otros países,
con economías mejor posicionadas, con compras subsidiadas a precios elevados.
Bolivia enfrenta una crisis energética de
grandes proporciones, pero las respuestas del gobierno son estériles. Las
migajas ofrecidas como incentivos a las petroleras no son suficientes para
revertir el abandono del sector. La falta de credibilidad del país en el
mercado internacional y un entorno económico adverso ahuyentan cualquier
posibilidad de inversión. La posición de Bolivia como uno de los países con
mayor riesgo en la región es un reflejo de las erróneas decisiones de Arce.
Pese a que ha prometido que va a mejorar su modelo, el mandatario persiste en una estrategia que es enemiga de la producción, del empleo y del desarrollo. Su hostilidad hacia el capital privado y las inversiones, sumada a su empeño en boicotear a los productores nacionales, está llevando a Bolivia al colapso. En lugar de fomentar un entorno favorable para la inversión y la producción, el gobierno está profundizando una crisis que amenaza con destruir el futuro del país.
