Una reciente encuesta de la firma Ipsos CIESMORI, revela que el 77% de los bolivianos tiene una opinión negativa sobre las empresas estatales y pone en evidencia una realidad innegable: la gestión de estas entidades no solo ha fallado en generar confianza, sino que ha perpetuado pérdidas económicas, ineficiencia y un mal servicio a la población. A pesar de este rechazo mayoritario, el presidente Luis Arce insiste en expandir este modelo obsoleto, agravando los problemas estructurales del país.
Desde 2007, Bolivia ha creado más de 32 empresas públicas pero el saldo es desolador. Más del 80% de estas entidades son deficitarias, generando pérdidas por más de 4.059 millones de bolivianos hasta 2022.
El problema no se limita a la incapacidad para generar ganancias. La mala planificación es una constante: proyectos como la planta azucarera de San Buenaventura, ubicada en una zona sin acceso a caña de azúcar, o la planta de urea de Bulo Bulo, que opera alejada de mercados internacionales y sin infraestructura adecuada, reflejan una gestión desastrosa.
Además, estas empresas distorsionan el mercado al competir de forma desleal con las privadas gracias a subsidios y créditos privilegiados. Mientras las privadas deben afrontar tasas de interés cercanas al 8%, las públicas acceden a financiamiento con tasas del 0,5%, perpetuando su dependencia del Estado.
La situación se agrava con la falta de transparencia. Muchas empresas públicas no publican sus estados financieros, lo que impide evaluar su viabilidad o incluso conocer el alcance real de sus pérdidas. Este oscurantismo no sólo mina la confianza pública, sino que también facilita la corrupción y el despilfarro de recursos.
A pesar de todo esto, el gobierno de Arce sigue apostando por la expansión de este modelo, con la creación de nuevas empresas y fábricas. Inversiones multimillonarias en sectores como la producción de aceite y la industria avícola parecen ignorar las advertencias de la experiencia pasada, tanto en Bolivia como en otros países latinoamericanos. Modelos similares fracasaron rotundamente en los años 80, conduciendo a una crisis económica que dejó a la región en una década perdida.
La insistencia del gobierno en este modelo parece desconectada de la realidad de la población. Mientras las empresas estatales arrojan pérdidas, el 94% de los bolivianos percibe la situación económica como mala y el 76% ve la inflación como un grave riesgo para su bienestar. En este contexto, resulta incomprensible que se prioricen proyectos deficitarios en lugar de abordar problemas estructurales como el desempleo o la falta de competitividad en la economía.
Apostar por la creación de más empresas estatales sin una reforma profunda en su gestión es una receta para el desastre. La solución no pasa por regresar a modelos económicos fallidos, sino por adoptar políticas que promuevan la competitividad, el emprendimiento privado y la transparencia. Es hora de que el gobierno escuche el clamor de la población y deje de dilapidar el patrimonio nacional en un sistema que solo genera pérdidas y frustración.
